TEGUCIGALPA, Honduras
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial.
La acusación surgió luego de que ambos magistrados emitieron resoluciones consideradas contrarias a la ley, ordenando el Consejo Nacional Electoral (CNE), la inscripción de los ciudadanos Jorge Cálix en Olancho y de Cristian Villalobos en Valle como candidatos a diputados.
Según las investigaciones, Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano, debido a que omitió emitir una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en pleno, relacionado con la inscripción de los mencionados candidatos.
Pese a ello, el 27 de octubre los dos magistrados resolvieron la recusación de manera irregular, arbitraria y antojadiza, sin conformar el quórum correspondiente ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
La ley exige que, ante una recusación, se forma una pieza separada, se notifica el magistrado recusado, se suspenda temporalmente el expediente y se convoque a un magistrado suplente.
Sin embargo, Flores Urrutia participó en la resolución de la recusación planteada en su contra, lo cual está expresamente prohibido por la normativa. Esta actuación, además de violar la ley, carece de validez jurídica.
Otra irregularidad detectada ocurrió el 28 de octubre, cuando ambos magistrados dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos.
Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado: no se convocó al tercer magistrado propietario ni a un suplente, incumpliendo así la exigencia legal que el pleno debe contar con los tres miembros para sesionar y emitir resoluciones válidas.
Previo a la presentación del requerimiento fiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TJE, consideró que dichos magistrados tienen las mismas prerrogativas y obligaciones que sus pares en la CSJ, y por tanto no pueden ser recusados mediante el procedimiento de antejuicio.
Ante esta decisión, los fiscales de la UEDCE optaron por presentar el requerimiento fiscal para que el caso sea conocido por un juez natural.
Con esta acción, el MP busca garantizar que las responsabilidades legales sean asumidas por los magistrados del TJE en relación con actos que podrían afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral.
