TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el delito de prevaricato judicial, tras emitir resoluciones consideradas contrarias a la ley y ordenar el Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que este tipo de acciones legales no afectan la aplicación del juicio político, el cual puede ejecutarse de manera independiente de procesos penales, civiles o administrativos.
“La implementación del juicio político y sus efectos no requieren sanción del Poder Ejecutivo y pueden coexistir con acusaciones fiscales o penales contra altos funcionarios”, explicó Redondo.
Además, subrayó que “el artículo 234 de la Constitución establece que el juicio político procede contra altos funcionarios del Estado cuando existan denuncias graves en su desempeño, por actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional, y por negligencia incapacidad o incompetencia”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano advirtió que la acción fiscal podría tener graves repercusiones institucionales, pues la paralización del TJE, sumada a la crisis en el Legislativo, podría dejar al país sin una instancia competente para resolver controversias electorales posteriores a los comicios.
Solórzano enfatizó que, en vísperas de las elecciones generales, esta situación genera un escenario de extrema gravedad jurídica y política, “la estabilidad democrática depende del respeto a la independencia de las instituciones, especialmente aquellas que garantizan la legalidad y transparencia del proceso electoral”, dijo.
El requerimiento fiscal surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TJE, al considerar que estos gozan de prerrogativas similares a los magistrados de la CSJ y no pueden ser acusados mediante dicho procedimiento por lo que la causa será conducida por un juez natural.
Expertos legales coinciden que las repercusiones de este caso podrían extenderse más allá del ámbito jurídico, impactando la institucionalidad electoral y la confianza pública en los mecanismos de resolución de controversias, por lo que se requiere actuar conforme a la normativa vigente para preservar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
