TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP) se pronunció ante la comunidad internacional y el pueblo hondureño para aclarar el fundamento legal del requerimiento fiscal interpuesto contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el delito de prevaricato judicial, así como sobre otras investigaciones en curso relacionadas con el proceso electoral.
En un comunicado, la institución explicó que el requerimiento está debidamente sustentado con prueba documental y testimonial, y detalla como los magistrados señalados emitieron resoluciones contrarias a la ley, al declarar sin lugar una recusación y ordenar la inscripción de ciudadanos que no cumplían con los requisitos legales.
El MP enfatizó que dichas decisiones fueron tomadas con la conformación irregular de un pleno de solo dos magistrados, cuando la normativa electoral exige la presencia de tres propietarios o, al menos, dos propietarios y un suplente, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
El ente acusador recordó que, antes de presentar el requerimiento, agotó los procedimientos legales mediante la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). }
Sin embargo, al resolver esa petición, la Corte determinó que los magistrados del TJE no gozan de prerrogativas especiales, lo que permitió proceder conforme a derecho con la acción penal.
“El MP no persigue personas, sino delitos”, reiteró la institución y subrayó que sus actuaciones se desarrollan dentro del marco de la Constitución de la República y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales. El MP aseguró mantener una postura independiente y rigurosa ante cualquier intento de interferir en el proceso electoral.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, medios de comunicación y la ciudadanía a respaldar los esfuerzos institucionales para garantizar elecciones pacíficas, justas y transparentes, invitando a que dicho apoyo se exprese de manera objetiva e imparcial.
Finalmente, el MP confirmó la existencia de una Noticia Criminis relacionada con audios que revelan acciones que podrían poner en riesgo el proceso electoral.
Según el comunicado, la información fue verificada antes de su divulgación y forma parte de una investigación urgente orientada a proteger la democracia hondureña y evitar una crisis durante los comicios del próximo 30 de noviembre.
