TEGUCIGALPA, Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al Estado de Honduras a abstenerse de continuar prorrogando el estado de excepción durante y después del proceso electoral del 30 de noviembre.
La titular de la institución, Blanca Izaguirre, expresó su profunda preocupación por la duración y el impacto de esta medida que, según señaló, ya acumula más de mil 072 días de restricciones a garantías constitucionales.
De acuerdo con el comunicado, desde que se implementó el estado de excepción, el Conadeh ha recibido más de mil quejas dentro de las cuales se han identificado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos cometidos durante operativos de seguridad.
El organismo recordó que tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han advertido sobre los riesgos de mantener medidas de excepción sin una estricta revisión de su necesidad y proporcionalidad.
Además, durante el más reciente Examen Periódico Universal, varios Estados cuestionaron la idoneidad de Honduras para sostener esta medida como herramienta contra la criminalidad.
Asimismo, el Conadeh expresó su preocupación porque en las últimas prórrogas del estado de excepción han sido emitidas por el Poder Ejecutivo sin discusión y aprobación en el Congreso Nacional, lo cual constituye –según advierte– una infracción al procedimiento establecido en el artículo 187 de la Constitución.
El ente en cuestión señaló que esta práctica podría generar responsabilidad penal y administrativa para los funcionarios involucrados.
El comunicado también subraya que la reducción de homicidios no puede considerarse un indicador suficiente para justificar la continuidad de la medida.
El Conadeh enfatizó que el crimen organizado abarca múltiples fenómenos como la extorsión, la trata de personas y los delitos contra migrantes, los cuales requieren soluciones estructurales y no únicamente acciones policiales amparadas en la suspensión de garantías.
Finalmente, la defensoría del pueblo hizo un llamado al Poder Ejecutivo a presentar justificaciones amplias y detalladas sobre la necesidad de mantener o prorrogar el estado de excepción.
Además, recomendó a la Secretaría de Seguridad impulsar políticas integrales con enfoque de derechos humanos y a la Corte Suprema de Justicia ejercer con celeridad el control de constitucionalidad que corresponde a los decretos emitidos.
