TEGUCIGALPA, Honduras
Tras conocerse el requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y exintegrantes de la extinta Comisión Permanente, varios diputados del oficialismo y analistas expresaron su respaldo a que el caso avance en los tribunales y pidieron que se aplique la ley sin excepciones.
La diputada del Partido Nacional Merary Díaz, quien en su momento fue secretaria de la asamblea extraordinaria de legisladores que presentó denuncias contra la comisión, sostuvo que los hechos denunciados deben investigarse y sancionarse para evitar que queden impunes.
Consideró que el requerimiento es un paso importante para esclarecerlos y afirmó estar dispuesta a declarar como testigo si el Ministerio Público la cita. Además, afirmó que varios de los señalados ya no se encuentran en el país, una versión que corresponde a su dicho.
El diputado liberal Marlon Lara dijo que la acusación no le sorprendió, pues desde el período anterior había advertido sobre posibles irregularidades en la comisión.
Calificó sus decisiones como un acto de traición a la patria y pidió que la justicia actúe con firmeza para sentar un precedente frente a los excesos en el ejercicio del poder.
Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas rechazó que se trate de una persecución política. Pidió respetar el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa de los señalados y recordó que toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia firme. También sostuvo que la comisión no debía reunirse mientras el pleno estuviera en sesiones ordinarias.
La excongresista y abogada Fátima Mena recordó que advirtió sobre las consecuencias de la creación de la comisión hace un año. A su juicio, lo que ocurre ahora es consecuencia de las actuaciones de Redondo, y describió al Congreso que él presidió como violento y dictatorial. Mena ya había afirmado antes que el órgano se atribuyó funciones que correspondían al pleno.
El abogado y analista Kenneth Madrid explicó las implicaciones jurídicas para los acusados. Señaló que los legisladores incluidos en el requerimiento podrían enfrentar la suspensión formal de sus cargos mientras dure el proceso penal, medida que dependerá de lo que resuelvan los jueces a medida que avance la etapa inicial.
En mayo, cuando el Ministerio Público citó por primera vez a los investigados, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, había afirmado que los abusos de la comisión contra la Constitución eran evidentes.
El requerimiento, recibido este martes por la Corte Suprema de Justicia, involucra a 14 personas y 21 delitos, según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, y será conocido por la magistrada de filiación nacionalista Anny Belinda Ochoa.
La Comisión Permanente fue designada el 31 de octubre de 2025, justo antes del receso legislativo, en medio de tensiones por la prórroga de las sesiones ordinarias.
La bancada de Libre rechaza la acusación y sostiene que se trata de persecución política. La defensa de seis de los diputados señalados, a cargo del abogado Darwin García, aseguró que no se les ha informado oficialmente de los delitos que se les imputan y anunció que se presentarán de forma voluntaria ante el juez.
