TEGUCIGALPA, Honduras
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) volvió a quedar en el centro de la controversia institucional luego de que su presidente, Mario Flores Urrutia, emitiera un comunicado en el que denunció que varios magistrados continúan obstaculizando el funcionamiento del órgano electoral.
La situación, según Flores Urrutia, afecta directamente la estabilidad democrática del país y limita el desempeño administrativo que debe de garantizarse prohibió el proceso electoral.
Flores Urrutia detalló que el pasado 17 de noviembre convocó, con el debido tiempo de anticipación, una sesión de Pleno administrativo bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.
La convocatoria se hizo conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, y buscaba asegurar la continuidad de labores internas del Tribunal. Además, aclaró que ninguna normativa interna prohíbe sesionar de manera virtual.
Sin embargo, Flores Urrutia señaló que los magistrados Lourdes Estapé, Gabriel Gutiérrez y, de forma particular, Mario Morazán se abstuvieron de participar en la sesión legalmente convocada.
Esta ausencia –afirmó– no es un hecho aislado, más en una conducta reiterada que ha venido afectando al normal funcionamiento del TJE en momentos clave para el país.
Flores Urrutia denunció que esta falta de participación representa una decisión consciente de debilitar la ya frágil democracia hondureña, y coincidió además con acciones impulsadas desde el Ministerio Público (MP) para el titular del TJE, estos actos prolongados de inasistencia constituyen el deterioro institucional y pone en riesgo la credibilidad del sistema electoral.
El comunicado también hace referencia al acompañamiento de la magistrada Miriam Barahona, quien, pese a su delicado estado de salud, continuó asistiendo a sus responsabilidades.
Flores Urrutia resaltó su compromiso como un ejemplo de la importancia de sostenerla institucionalidad, incluso en circunstancias adversas.
Finalmente, el magistrado presidente advirtió que la democracia hondureña se encuentra actualmente bajo un “peligro inminente de desaparecer”, debido a lo que calificó como una obstaculización sistemática dentro del TJE.
Aseguró que él y la magistrada Barahona mantienen firme su compromiso de proteger la institucionalidad electoral y seguir ejerciendo sus funciones en beneficio del país.
