TEGUCIGALPA, Honduras
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán rechazó de manera categórica las injurias, amenazas y actos de injerencia extranjera en contra de jueces, árbitros y otros funcionarios electorales, calificándolos como ataques flagrantes al Estado de Derecho, a la Independencia de la judicatura, al proceso comicial y a la soberanía popular.
Morazán señaló que los jueces deben actuar únicamente con sujeción a la Constitución, los tratados internacionales y la ley, resistiendo cualquier presión interna o externa que busque socavar los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
El magistrado aseguró que las autoridades electorales deben dar certeza a la ciudadanía a los candidatos de que los resultados de las elecciones generales son limpios, transparentes y verificables.
El funcionario explicó que ha sido amenazado con cárcel, al igual que otros miembros del TJE, por parte de actores políticos que buscan influir indebidamente en la justicia electoral.
Subrayó que tales acciones se basan en narrativas falsas y buscan generar presión indebida sobre la institución, comprometiendo la legitimidad del proceso y la paz social.
Asimismo, advirtió que agentes de potencias extranjeras han realizado acciones que constituyen actos de injerencia, intentando subordinar al TJE a sus intereses y afectar la autodeterminación del Estado de Honduras, lo que representa una violación a los principios de soberanía y multilateralismo.
Morazán reafirmó su compromiso con la imparcialidad y la independencia judicial, y aseguró que ninguna presión política, interna o externa, influirá sobre su actuación y añadió que, de no poder resistir presiones indebidas, renunciará de manera irrevocable a su cargo, pues un juez no puede actuar por miedo o conveniencia.
Finalmente, el magistrado manifestó su preocupación por la ausencia de impugnaciones o solicitudes de recuento, destacando la importancia de que el Tribunal garantice la legalidad del proceso electoral y el respeto a los derechos de todas las partes, especialmente un contexto en el que los representantes electos deben asumir sus cargos en menos de dos meses, “la dignidad y la justicia no son negociables”, concluyó.
