TEGUCIGALPA, Honduras
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía de Honduras, aprobada por el Congreso Nacional el 3 de junio anterior mediante el Decreto Legislativo 107-2026, continúa generando un fuerte rechazo entre organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y de derechos humanos, que desde entonces han combinado movilizaciones en carretera con una batalla legal sostenida ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar su aplicación.
La norma, impulsada como una herramienta para dar seguridad jurídica a la inversión en los rubros agroindustrial, energético, turístico y ganadero, faculta a las autoridades a ejecutar desalojos de tierras en plazos de apenas dos o tres días ante denuncias de ocupación vinculadas a esos rubros productivos.
Organizaciones sociales han señalado que la ley, además, limita el derecho a la manifestación pública, al establecer que las protestas solo estarán garantizadas si no afectan la circulación de alimentos, combustibles o servicios considerados esenciales, y dispone la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado para contener movilizaciones bajo ese criterio.
Otro de los puntos señalados por sus críticos es que la norma condiciona la realización de la consulta previa, libre e informada únicamamente a los pueblos indígenas que cuenten con titularidad de tierra ya registrada, lo que, según defensores de derechos humanos, dejaría fuera de esa garantía a numerosas comunidades cuyos procesos de titulación permanecen pendientes ante el Estado.
El rechazo a la ley se trasladó con rapidez a las vías del país. En distintos puntos, entre ellos El Progreso; movimientos sociales y organizaciones campesinas protagonizaron bloqueos y jornadas de protesta para exigir su derogación.
Dirigentes campesinos han denunciado en esas movilizaciones la crisis alimentaria y han pedido que no se debilite el Instituto Nacional Agrario (INA), al considerar que la nueva legislación privilegia los intereses del aparato agroindustrial por encima de las comunidades campesinas.
Las protestas se han desarrollado en un contexto de tensión más amplia en zonas de conflicto agrario histórico, como el Bajo Aguán, donde organizaciones campesinas han combinado sus reclamos contra la ley con exigencias de justicia por hechos de violencia ocurridos en la región, entre ellos la masacre registrada en mayo en la comunidad de Rigores, en el departamento de Colón.
En paralelo a las movilizaciones, distintas organizaciones han acudido a la vía judicial. El 17 de junio, representantes de al menos 217 organizaciones de base, comunidades indígenas, garífunas, campesinas y feministas presentaron ante la Sala Constitucional de la CSJ una acción constitucional de Hábeas Corpus preventivo contra el decreto 107-2026, en un acto que se desarrolló bajo un fuerte resguardo policial en las inmediaciones del máximo tribunal.
El recurso incluye como señalados al presidente Nasry Asfura; al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; al fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; y a los titulares de las secretarías de Seguridad y Defensa, además de los máximos responsables de las FFAA y la Policía Nacional.
Según explicaron los promoventes de la acción, la inclusión de estas autoridades responde a las competencias directas o indirectas que tendrían en la ejecución de medidas derivadas de la ley, incluidos eventuales desalojos.
Edy Tábora, uno de los litigantes que ha representado a las organizaciones en este proceso, sostuvo que la Corte Suprema tiene la obligación de responder de manera inmediata y preferente a cualquier recurso que se tramite ante la Sala Constitucional, y expresó la expectativa de que el tribunal emitiera una resolución en un plazo breve.
Tábora también planteó que cualquier normativa con capacidad de afectar a los pueblos indígenas debería haber sido sometida a un proceso de consulta previa, lo que a su juicio no ocurrió en este caso.
Por su lado, Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán (COPA), señaló que las organizaciones campesinas han mantenido una presencia constante en este tipo de procesos de rechazo a leyes que, según su valoración, garantizan estabilidad jurídica únicamente al aparato agroindustrial.
Las organizaciones anunciaron que continuarán con nuevas acciones y movilizaciones hasta que se logre la derogación de la ley o una declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Corte Suprema, mientras la norma, pese a los cuestionamientos, permanece en aplicación.
A la acción de hábeas corpus se sumó, más recientemente, un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) ante la Sala Constitucional.
El secretario de la CNTC Regional de Colón, Adolfo Cruz, explicó que la organización decidió acudir a esa instancia al considerar que el decreto 107-2026 contradice principios establecidos en la Constitución, ampliando así el frente jurídico que distintos sectores campesinos y sociales mantienen contra la norma.
Hasta el momento, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución definitiva sobre los recursos presentados contra la Ley Agroindustrial.
Mientras tanto, la norma ha comenzado a aplicarse en distintos puntos del país, incluidos casos de desalojo en comunidades indígenas y garífunas de la costa atlántica, lo que ha mantenido activa la presión tanto en las calles como en los tribunales por parte de los sectores que se oponen a su vigencia.
