TEGUCIGALPA, Honduras
La convocatoria realizada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para reunir a la Comisión Permanente generó inmediatas reacciones entre los legisladores, quienes cuestionan la legalidad y alcance de la instancia en medio del proceso electoral.
La diputada liberal Maribel Espinoza advirtió que las acciones impulsadas desde la Comisión Permanente podrían constituir una violación al orden constitucional.
Señaló que este órgano no tiene facultades para sustituir al Pleno del Congreso y sostuvo que cualquier decisión adoptada en ese marco carecería de legalidad, al tratarse –según afirmó– de un “remedo de Comisión Permanente”.
Espinoza enfatizó que los diputados ya adoptaron resoluciones en el Pleno y que las actuaciones de la Comisión Permanente no pueden contradecirlas. Además, llamó a que se respete la institucionalidad y los procedimientos previstos por la constitución y la ley.
Por su parte, el diputado nacionalista Antonio Rivera recordó que la Comisión Permanente “no es el Congreso, ni tiene facultad para anular elecciones”. Además, criticó que algunos miembros “juegan a ser poder, pero no les alcanza ni para el libreto”, y advirtió que cada intento de sobrepasar sus atribuciones “solo los deja más embarrados”.
Asimismo, instó a todos los integrantes de la Comisión Permanente que actúen con seriedad y responsabilidad, evitando prestarse a lo que calificó como una “changoneta”.
Entre tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás zambrano, manifestó su rechazo a cualquier intento de desconocer los resultados electorales y subrayó que el Pleno del Congreso continúa siendo la máxima autoridad legislativa.
Zambrano, advirtió que estas acciones que buscan anular el proceso o impedir la entrega pacífica del poder podrían tener consecuencias legales y reiteró la importancia de respetar la voluntad expresada por el pueblo para garantizar la «estabilidad democrática».
Estas reacciones reflejan un clima de mucha tensión política y plantean interrogantes sobre los límites constitucionales de la Comisión Permanente mientras algunos sectores defienden la convocatoria, otros insisten en que cualquier decisión fuera del Pleno carece de legitimidad y puede profundizar una crisis institucional en el país.
