TEGUCIGALPA, Honduras
La consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció un retraso injustificado en la admisión del recurso de amparo constitucional interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al asegurar que han transcurrido más de dos meses sin que las autoridades judiciales brinden respuesta a su solicitud de protección de garantías constitucionales.
A través de un pronunciamiento público, López señaló que han pasado “dos meses y 15 días” desde la presentación del amparo, periodo en el que, según afirmó, la situación lejos de mejorar se ha agravado, mientras las instancias judiciales “voltean la cabeza para otro lado” y atienden otros recursos en plazos considerablemente menores.
De acuerdo con el documento presentado ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, la acción fue interpuesta por el abogado Dagoberto Aspra, en su condición de apoderado legal de la funcionaria, con el objetivo de suspender actos que, según el escrito, vulneran derechos y garantías constitucionales de la consejera.
El recurso de amparo se dirige contra actuaciones del fiscal general Johel Zelaya, en relación con investigaciones y exposiciones públicas vinculadas a denuncias que involucran a López por supuestos delitos como traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, entre otros, en perjuicio de la Constitución, la seguridad del Estado y la administración pública.
En su declaración, la consejera cuestionó lo que calificó como una “justicia selectiva”, y señaló que existen causas que se resuelvan con rapidez cuando convienen políticamente, mientras otras, como la suya, permanecen sin trámite.
“Fingen que el derecho no asiste, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes consideren adversarios en contiendas futuras”, expresó.
López también denunció un trato desigual dentro del sistema judicial, y cuestionó por qué algunas peticiones reciben atención en menos de 24 horas hábiles, mientras su amparo permanece sin resolución.
“¿Con quién hablan para ignorar mis peticiones? ¿quién gestiona? ¿a quién atienden?”, cuestionó la funcionaria, al tiempo que exigió respeto a sus derechos constitucionales.
El escrito de amparo fue recibido oficialmente por la CSJ el 30 de octubre 2025, solicita además la concesión de vista para la formalización de la acción, así como la suspensión del acto reclamado, mientras se resuelve el fondo del recurso.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un pronunciamiento público sobre el estado del expediente, mientras que López insiste en que su caso evidencia un uso discrecional del sistema de justicia un contexto político y electoral altamente polarizado.
