(Por: Edgardo Mejía) En la segunda semana de enero, Centroamérica comienza a mostrar un reflejo de sus esfuerzos y resultados en materia de política exterior, diplomacia y comercio internacional, factores que marcarán el patrón de comportamiento de las tendencias del contexto geopolítico regional durante 2026.
El Salvador se perfila como uno de los primeros ejemplos de un inicio positivo en este nuevo año. Las reservas internacionales netas (RIN) del país sumaron 4,484.4 millones de dólares al cierre de 2025, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR). Esta cifra representa un crecimiento interanual del 28.7 % en comparación con 2024, cuando las reservas se situaron en 3,482.8 millones de dólares. En términos absolutos, el incremento fue de 1,001.6 millones de dólares, consolidando al país como uno de los líderes económicos de la región.
Mientras El Salvador destaca por su desempeño económico, Guatemala sobresale en el ámbito de la cooperación internacional en materia de administración de justicia. El país extraditó a Estados Unidos a Hamilton Josué Paz Fuentes, señalado como líder de una estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína. El acusado enfrentará cargos por narcotráfico ante una corte federal estadounidense, en un hecho que refuerza la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional.
En contraste, Nicaragua parece buscar distanciarse de escenarios de mayor aislamiento regional. La liberación de un nuevo grupo de presos políticos dio paso a la conformación del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, un movimiento que reabre el debate sobre derechos humanos y gobernabilidad en el país.
En el plano de la reciprocidad y la institucionalidad internacional, Costa Rica y Panamá ofrecieron una lección diplomática a la región al sumarse, junto con otros once gobiernos, al rechazo de un nuevo recuento de votos en Honduras.
Esta postura contrasta con los recientes movimientos de resguardo de material electoral por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, que durante el segundo fin de semana de enero generaron zozobra y desinformación entre los organismos encargados de la captación y el procesamiento de datos electorales.
La situación se tornó especialmente delicada tras el atentado contra una congresista en las instalaciones del Congreso Nacional.
