TEGUCIGALPA, Honduras
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que las demandas y embargos contra la caja única del Estado ascienden a tres mil 903 millones de lempiras en lo que va de 2026, una situación que calificó como un “ataque directo al tesoro nacional”.
El funcionario detalló que, de no haberse afectado estos recursos, el Gobierno habría podido duplicar en un 175 por ciento la compra de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud. Asimismo, señaló que el monto permitiría garantizar textos escolares durante seis años para los estudiantes del sistema público.
En materia de infraestructura, agregó que los fondos habrían sido suficientes para construir más de 240 kilómetros de carreteras en la red vial nacional, incluyendo una nueva vía que conectara La Barca, El Progreso y Tela, con extensión hasta Jutiapa.
Hernández Hércules desglosó que solo en la Secretaría de Salud los embargos suman siete mil 418 millones de lempiras. En la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ascienden a mil 712 millones; en la Procuraduría General de la República superan los 1,000 millones; mientras que la Secretaría de Desarrollo Social registra más de mil 010 millones.
Otras instituciones afectadas son el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con 46 millones; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con 36 millones; Hondutel, con mil 655 millones; el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con 923 millones; además de 206 millones en distintas alcaldías del país, entre otras entidades.
El titular de Finanzas indicó que se ha remitido un oficio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Procuraduría General de la República (PGR), instándoles a revisar las actuaciones internas del Poder Judicial, particularmente en la Sala de lo Laboral, donde —según denunció— algunos jueces estarían omitiendo la comunicación obligatoria con la Tesorería General de la República y procediendo directamente contra cuentas del Banco Central de Honduras (BCH).
En ese sentido, denunció la posible colusión entre personal judicial y defensores privados para ejecutar acciones que, a su juicio, perjudican las finanzas públicas.
Advirtió que cerca de cuatro mil millones de lempiras ya no ingresarán a las arcas estatales, lo que coloca a la gestión pública en una situación precaria.
A ello se suma una deuda flotante de 24 mil 000 millones de lempiras que el Estado debe honrar.
Finalmente, exhortó al pleno del Congreso Nacional a aprobar la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el propósito de fortalecer la protección de la caja única del Estado y garantizar la sostenibilidad financiera del país.
