TEGUCIGALPA, Honduras
La exsubsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, lanzó severos cuestionamientos sobre la estructura interna de la Policía Nacional, al afirmar que continúan operando redes vinculadas al crimen organizado dentro de la institución, situación que —según advirtió— limita la efectividad de las políticas de seguridad en Honduras.
“De eso no nos hemos librado”, expresó Villanueva al referirse a las bandas criminales infiltradas en los cuerpos policiales. En ese sentido, insistió en la necesidad de impulsar una depuración “real y no solo de discurso”, orientada a desmantelar estructuras ilícitas enquistadas en la institución.
La exfuncionaria sostuvo que el principal desafío de la seguridad pública no se reduce a la criminalidad externa, sino a la presencia de grupos irregulares dentro de los organismos encargados de combatir el delito.
Asimismo, instó al actual ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, a ordenar una auditoría forense que permita esclarecer el destino de inversiones superiores a los mil millones de lempiras ejecutadas durante administraciones anteriores.
Villanueva denunció además que existen sectores dentro de la Policía Nacional que continúan incurriendo en prácticas irregulares, entre ellas la supuesta manipulación de estadísticas delictivas mediante la omisión de denuncias, con el propósito de evitar un aumento en los índices oficiales de criminalidad.
Sostuvo que persisten contradicciones entre el discurso gubernamental sobre la reducción de la violencia y la percepción de inseguridad que experimenta la ciudadanía.
También subrayó que el combate al crimen organizado requiere una depuración profunda de la institución policial. Aunque aclaró que no todos los agentes están involucrados en actividades ilícitas, afirmó que existe un núcleo que debe ser investigado y sancionado conforme a la ley.
Villanueva aseguró haber presentado pruebas ante el Ministerio Público relacionadas con las irregularidades denunciadas, insistiendo en que sus declaraciones están sustentadas en evidencia documental y testimonios.
Asimismo, se refirió a las debilidades estructurales del sistema penitenciario hondureño, señalando que estas han permitido la operación de redes criminales desde los centros penales, incluyendo el uso de túneles y la salida de privados de libertad para cometer delitos.
Sobre la masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, donde 46 mujeres perdieron la vida en junio de 2023, la exfuncionaria reiteró que existen responsabilidades que involucran a miembros policiales y altos mandos, aunque lamentó que las investigaciones no hayan profundizado hasta esclarecer completamente los hechos.
La exviceministra también dejó entrever diferencias internas dentro del aparato de seguridad estatal, al señalar que algunas de sus atribuciones fueron limitadas, reduciendo su capacidad de acción en áreas estratégicas relacionadas con inteligencia y manejo de información.
En relación con el asesinato del ambientalista Juan López, Villanueva afirmó que la investigación avanzó rápidamente durante el primer mes; sin embargo, cuestionó quién habría detenido las capturas vinculadas al caso. “¿Lo hizo el fiscal o fue el gobierno?”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el 90 por ciento de la seguridad ciudadana depende del control efectivo del sistema penitenciario y advirtió que Honduras aún está a tiempo de corregir el rumbo en materia de seguridad, siempre que se adopten decisiones firmes orientadas a la transparencia, la depuración institucional y el fortalecimiento de la justicia.
