TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional inició este lunes la discusión de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, orientada a identificar a las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades mercantiles y estructuras jurídicas, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.
La normativa, que pasó en primer debate, tiene como objetivo cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de acuerdo con lo explicado en el pleno por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
El cumplimiento con el Gafi permitirá evitar que el país ingrese a la lista gris (nivel de mayor vigilancia) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada, añadió.
Según lo establecido en la propuesta de ley, que consta de 35 artículos, el registro de propietarios reales de sociedades mercantiles y fideicomisos será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El funcionario refirió que la ley forma parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un programa que dio inicio en el Gobierno anterior y que el presidente Nasry Asfura ha tomado como propio y que va en línea con los estándares internacionales donde esta Administración busca tener al país.
Es importante «cumplir con esos estándares de tipo económico que nos van a permitir tener mejores créditos, mejores tasas y que también nos van a mantener alejados de listas grises en donde no merece estar nuestra Honduras», dijo Hernández Hércules.
La vicepresidenta Tania Pinto, diputada nacionalista por Ocotepeque, destacó que la aprobación de la mencionada ley es un tema de país y de seguridad nacional, ya que su finalidad es combatir un flagelo que hace mucho daño a Honduras.
