Libre irá a paro nacional contra reforma energética; Gobierno responde con advertencia de movilización

Redacción El Pulso16 junio, 2026

TEGUCIGALPA, Honduras 

La dirigencia del Partido Libertad y Refundación (Libre) instruyó este lunes a toda su militancia, estructuras territoriales y colectivos afines a declararse en asambleas permanentes con miras a coordinar movilizaciones escalonadas que culminen en un paro nacional.

La medida responde al avance en el Congreso Nacional de un paquete de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica impulsado por el Poder Ejecutivo que dirige el presidente Nasry Asfura, que Libre califica como una privatización encubierta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La decisión fue oficializada por la secretaria de la coordinación nacional de Libre, Hortensia Zelaya, tras un encuentro de emergencia con los coordinadores departamentales de los 18 departamentos del país.

La instrucción de la coordinación general fue explícita: organizar asambleas en todo el territorio nacional para programar movilizaciones progresivas «hasta lograr un paro nacional en defensa de la ENEE», según sus propias palabras.

El coordinador general Manuel Zelaya convocó de manera urgente a los 24 secretarios nacionales de la organización, los 18 coordinadores departamentales y la bancada legislativa de Libre, para deliberar y ratificar el posicionamiento político ante lo que denominó «la inminente privatización de la ENEE» y lo que describió como una «ofensiva autoritaria» contra las conquistas populares.

Zelaya también exhortó a la militancia a mantenerse unida y movilizada ante lo que calificó como una crisis que amenaza la democracia hondureña.

Antes de viajar a Europa, el jefe del Ejecutivo, Nasry Asfura, respondió en tono confrontativo la advertencia de Libre, por lo que solicitó formalmente el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional para aprobar las reformas y descartó que la ENEE vaya a ser privatizada.

«Honduras no puede seguir así. Nos estamos desangrando con la ENEE», declaró. Frente a la amenaza de paro, el mandatario advirtió que su partido también tiene capacidad de movilizar a sus bases: «Si quieren estar en asamblea, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle.»

Asfura responsabilizó a la administración anterior, encabezada por Xiomara Castro, por el deterioro de la estatal eléctrica, a la que calificó de «desastrosa».

Señaló que la ENEE registra pérdidas de alrededor de 20 mil millones de lempiras al año —aproximadamente 50 millones de lempiras diarios— producto de fallas técnicas, fraude y deficiencias operativas acumuladas.

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, salió al paso de las acusaciones de privatización y las rechazó categóricamente.

Según Mejía, las reformas no implican la venta de represas, redes de transmisión ni ningún activo de la empresa. El objetivo, sostuvo, es corregir problemas estructurales del sistema eléctrico y fortalecer la gestión de la ENEE, cuya crisis responde a una acumulación histórica de factores y no a las iniciativas actualmente en discusión.

La reforma cuenta con el aval de organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyos representantes han coincidido en que la propuesta sigue estándares internacionales y representa una oportunidad para ordenar el sector eléctrico.

En el hemiciclo legislativo, la mayoría de las bancadas —a excepción de Libre— anticipa votos a favor, por lo que se espera la aprobación antes del receso.

Desde las filas opositoras, legisladores de Libre plantearon que sea la ciudadanía quien decida el futuro de la empresa mediante una consulta popular, argumentando que cualquier reestructuración o transferencia de activos debe someterse a la voluntad del pueblo hondureño.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), por su parte, solicitó revisar el anteproyecto con mayor profundidad técnica antes de avanzar hacia su aprobación, advirtiendo posibles riesgos en las tarifas y en el manejo de activos públicos.

La discusión de las reformas quedó programada para esta semana en el Congreso Nacional, en medio de una polarización que anticipa semanas de tensión política y social.

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