TEGUCIGALPA, Honduras
El 30 de noviembre de 2025, el partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras perdió las elecciones generales de forma contundente. Su candidata, Rixi Moncada, exsecretaria de Finanzas y delfín político de la presidenta saliente Xiomara Castro, terminó en un distante tercer lugar con apenas el 19 por ciento de los votosv (aunque algunas fuentes afirman que se alcanzó el 29 por ciento), en una elección disputada entre el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos con más del 39% cada uno.
Libre, que llegó al poder en 2022 con más de 1.7 millones de votos y la esperanza de un cambio histórico, salió de él con menos de la mitad de ese respaldo y con el estigma de ser el primer partido de izquierda latinoamericana que, habiendo alcanzado el poder por primera vez, no logró retenerlo.
Siete meses después, el 21 de junio de 2026, Colombia consumó una derrota de naturaleza diferente pero de consecuencias similares. El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político del gobierno de Gustavo Petro, perdió en segunda vuelta ante el abogado penalista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, por un margen de apenas un punto porcentual: 49.7% contra 48.7%, con cerca de 250,000 votos de diferencia.
Una derrota ajustada en los números, pero devastadora en el simbolismo: el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana no pudo transferir su legado.
Dos países, dos historias distintas, un mismo diagnóstico de fondo.
HONDURAS: EL VOTO DE CASTIGO MÁS CARO DE LA DÉCADA. La derrota de Libre en Honduras no fue una sorpresa para quienes habían observado el deterioro sostenido del gobierno de Xiomara Castro a lo largo de sus cuatro años, producto de una nefasta política comunicacional, sumado a desaciertos de sus funcionarios y algunos escándalos de corrupción que fueron maximizados por la derecha.
Fue, en cambio, un colapso anunciado que ni la dirigencia del partido ni el círculo de poder cercano al expresidente Manuel Zelaya quisieron asumir a tiempo.
Los factores que explican la debacle son múltiples y se refuerzan mutuamente. El primero y más determinante fue la gestión misma del gobierno. Libre llegó al poder prometiendo combatir la corrupción estructural heredada del bipartidismo y del narcoestado de Juan Orlando Hernández, luchar contra la pobreza, crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y reconstruir la institucionalidad democrática.
Cuatro años después, la CICIH nunca se creó, pese a haber sido la promesa más emblemática de la campaña y la más demandada por la ciudadanía desde 2015. La inseguridad persistió. La economía no despegó con la fuerza esperada. Y el gobierno fue golpeado por denuncias de nepotismo, el uso político de fondos de Sedesol para financiar la campaña de la propia Moncada, y una percepción generalizada de que el poder real no residía en la presidenta electa sino en Zelaya y en el partido.
El segundo factor fue la fractura interna. La alianza entre Libre y Salvador Nasralla, que había resultado ganadora en 2021, se rompió de manera traumática en 2024 cuando Nasralla renunció a la designatura presidencial acusando al círculo de Zelaya de concentrar decisiones y marginar a los socios de la coalición. Nasralla se fue a competir por el Partido Liberal, se llevó a una porción significativa del electorado de centro que en 2021 había votado por el proyecto de cambio, y le arrebató a Libre su capacidad de construir mayorías.
El tercer factor fue comunicacional. El gobierno de Castro fracasó sistemáticamente en transmitir sus logros reales a la ciudadanía, al mismo tiempo que sus errores y escándalos recibían una cobertura amplificada. La incapacidad de construir un relato gubernamental coherente fue señalada por analistas como una de las debilidades más persistentes de los cuatro años. Una parte del electorado que pudo haber apoyado la continuidad simplemente no encontró razones suficientes para hacerlo.
COLOMBIA: EL PRECIO DE LA IMPACIENCIA Y LA SOBERBIA. La derrota del Pacto Histórico en Colombia tiene una anatomía más compleja, pero igualmente reconocible para quien observe con honestidad el gobierno de Petro.
Petro llegó a la Casa de Nariño en 2022 con un mandato histórico: 11.2 millones de votos, la mayor votación presidencial en la historia del país, y una coalición amplia que incluía a actores del centroizquierda, la socialdemocracia, los movimientos sociales afrocolombianos e indígenas, y una clase media urbana harta de la política tradicional. Cuatro años después, esa coalición estaba deshecha, sus reformas más ambiciosas habían naufragado en el Congreso, y la figura de Petro se había convertido en el principal lastre para su propio candidato.
Los analistas colombianos identifican con nitidez el punto de inflexión: en los primeros meses de gobierno, Petro construyó una coalición amplia, aprobó una reforma tributaria histórica y avanzó con agilidad legislativa. Luego rompió esa coalición para gobernar exclusivamente con su núcleo ideológico más cercano, perdiendo así las mayorías necesarias en el Congreso.
La reforma de salud, la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma política, el sistema electoral: todas fallaron o quedaron truncadas, no únicamente porque la oposición las bloqueara, sino porque el gobierno perdió la habilidad de construir los consensos que en un sistema democrático son inevitables.
A eso se sumó una crisis de credibilidad moral que fue quizás más costosa que los fracasos legislativos. Las denuncias de uso de dineros de campaña irregulares, la ruptura pública y dolorosa con la vicepresidenta Francia Márquez, los escándalos en el manejo de contratos estatales, y un estilo de comunicación presidencial polarizador que privilegiaba el enfrentamiento permanente sobre la gestión, terminaron erosionando el capital político con el que Petro había iniciado. Su popularidad sobrevivió entre sus bases, pero la mayoría que necesitaba para transferir el poder a Cepeda no estaba ahí.
El candidato del Pacto Histórico, consciente del peso del lastre, intentó marcar distancia del presidente durante la campaña. Moderó algunas propuestas, descartó la Asamblea Constituyente que Petro había prometido para imponer sus reformas por encima del Congreso, y buscó acercarse al centro.
Pero Petro, desafiando la prohibición constitucional de participar en política durante el ejercicio del cargo, se involucró activamente en la campaña, convirtiéndose en un lastre más que en un motor. El que perdió en las urnas fue Cepeda; el que fracasó políticamente fue Petro.
LA INJERENCIA EXTRANJERA: REAL PERO NO DETERMINANTE. En ambos países, los gobiernos y sus partidos alzaron la voz frente a lo que describieron como intervención extranjera en sus procesos electorales. Y en ambos casos, esa intervención fue real, documentada y sin precedentes recientes en la región. Pero reducir las derrotas a ese factor sería un error de diagnóstico que la izquierda latinoamericana no puede permitirse.
En Honduras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyó abiertamente a Nasry Asfura días antes de las elecciones, prometió «mucho apoyo» para Honduras si resultaba electo, y lo presentó como aliado en la lucha contra los «narcocomunistas». El impacto simbólico fue enorme. Más perturbador aún fue el indulto que Trump concedió al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, justo en la semana previa a las elecciones: un gesto que Libre y el gobierno de Castro interpretaron como un mensaje inequívoco sobre cuál candidato contaba con el respaldo de Washington.
La comunidad diplomática estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, felicitó rápidamente a Asfura y el subsecretario Christopher Landau llegó incluso a replicar el eslogan de campaña del candidato ganador en su mensaje público.
En Colombia, la ecuación fue similar. Trump respaldó a De la Espriella, tensionó las relaciones con el gobierno Petro a través de sanciones y restricciones de visa, y el ambiente geopolítico de confrontación entre Washington y Bogotá durante el mandato de Petro condicionó el debate electoral.
Los lazos de Colombia con China a través del proyecto de la Ruta de la Seda, la política de paz total con grupos armados, y el estilo confrontacional de Petro frente a Trump contribuyeron a que una parte del electorado moderado colombiano percibiera un voto por Cepeda como un voto por la continuidad del conflicto con el vecino del norte.
Sin embargo, la injerencia extranjera, aunque real e ilegítima desde cualquier perspectiva democrática, no puede explicar por sí sola la magnitud de ambas derrotas. En Honduras, Libre no perdió por Trump: perdió porque obtuvo apenas el 19% de los votos. Si el gobierno hubiera sido competente y gozara de credibilidad ciudadana, ni el indulto a JOH ni el apoyo de Trump a Asfura habrían tenido la fuerza suficiente para reducir a la tercera fuerza a un partido que cuatro años antes había ganado con mayoría.
En Colombia, la diferencia fue de menos de un punto porcentual: en ese margen, la injerencia sí pudo haber pesado. Pero los dos millones de votos que De la Espriella sacó de ventaja en primera vuelta no se explican únicamente por Trump.
¿GOLPE A LA IZQUIERDA O ADVERTENCIA AL PROGRESISMO? La pregunta que recorre los círculos políticos latinoamericanos tras estos dos resultados es si estamos ante un giro estructural del continente hacia la derecha o ante algo más específico y, en cierto modo, más esperanzador: el rechazo ciudadano a gobiernos que no cumplieron lo que prometieron, independientemente de su signo ideológico.
La respuesta más honesta parece ser la segunda. Lo que Honduras y Colombia comparten no es que sus ciudadanos hayan abandonado las ideas de justicia social, combate a la desigualdad, protección de los derechos laborales o fortalecimiento del Estado.
Lo que comparten es que sus ciudadanos castigaron a gobiernos que levantaron esas banderas y luego las ejecutaron de manera deficiente, contradictoria o insuficiente. En Honduras, el voto de castigo fue tan severo que Libre ni siquiera alcanzó a ser el segundo partido.
En Colombia, la derrota fue por un margen mínimo que refleja un país exactamente partido en dos. Desde una perspectiva socialdemócrata, estas derrotas contienen lecciones que no deberían leerse como el fin de la izquierda sino como una advertencia sobre cómo la izquierda gobierna.
Los proyectos progresistas que han logrado sostenerse en el tiempo en América Latina y en Europa han tenido en común tres elementos: eficiencia administrativa, construcción de coaliciones amplias más allá del núcleo ideológico, y una comunicación capaz de conectar los logros con la vida cotidiana de las mayorías. Los que han fracasado, por el contrario, han tendido a privilegiar la retórica sobre la gestión, el movimiento sobre la institución, y el enemigo externo sobre la autocrítica.
El triunfo de De la Espriella en Colombia, un outsider de derecha sin trayectoria partidaria, y el de Asfura en Honduras, un alcalde de Tegucigalpa con un perfil populista y clientelar, tampoco debería interpretarse como la consolidación de un proyecto de derecha robusto. Ambos ganaron fundamentalmente porque enfrentaban a candidatos debilitados por el peso de sus propios gobiernos.
Lo que el electorado de ambos países expresó no fue tanto un amor por la derecha como un agotamiento con lo que tenían. Y esa diferencia importa, porque los vencedores ya gobiernan con el reloj corriendo sobre sus propias promesas.
