TEGUCIGALPA, Honduras
El pleno del Legislativo fue convocado a sesión ordinaria para este martes a fin de iniciar el tercer y último debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reactivar un proceso de «modernización».
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, anunció que ya cuentan con los 65 votos requeridos para aprobar el decreto, aunque señaló que se busca un respaldo más amplio.
Ledezma detalló que la estatal acumula pérdidas de alrededor de 50 millones de lempiras diarios, equivalentes a más de mil 500 millones al mes, y una deuda histórica cercana a los 120 mil millones de lempiras.
«Este Congreso Nacional no va a privatizar la ENEE; no está en nuestro lenguaje eso, sino que tenemos que hacer algo para salvarla y modernizarla», expresó.
El proyecto de ley propone reorganizar la ENEE bajo un modelo de cuatro sociedades: una empresa matriz tipo holding y tres subsidiarias independientes correspondientes a las áreas de generación, transmisión y distribución.
La separación de estas actividades, conocida como escisión, es un proceso que lleva más de 20 años pendiente en Honduras y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría sanear las cuentas de la estatal y atraer inversión hacia cada segmento del sistema eléctrico.
El dictamen contempla además la declaración de los bienes estratégicos de la ENEE como inembargables, intransferibles e inalienables, incluyendo predios, embalses, franjas de protección e instalaciones de las centrales hidroeléctricas.
El proyecto también establece que los trabajadores mantienen su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) independientemente de la subsidiaria en la que presten sus servicios, y preserva las cotizaciones obrero-patronales vigentes.
La iniciativa fue elaborada con el acompañamiento de un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la firma Deloitte, y está alineada con el acuerdo vigente entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.
El gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, ha sostenido que sin las reformas será difícil mejorar la situación económica de la empresa y que el costo fiscal para el Estado podría crecer un 25 por ciento en diez años de no tomarse decisiones estructurales.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ha reiterado que el proyecto tiene como único objetivo el rescate financiero de la ENEE.
«Se trata de un rescate para la ENEE y no de una privatización. Hay discursos que buscan generar desinformación sobre el contenido real de las reformas», manifestó el legislador. Zambrano señaló además que el Estado destina anualmente alrededor de 16 mil millones de lempiras para cubrir las pérdidas de la empresa, recursos que a su juicio podrían invertirse en salud, educación e infraestructura.
Desde el Partido Liberal, el diputado Mario Segura confirmó la disposición de su bancada de respaldar las reformas, condicionando ese apoyo a que la ENEE permanezca bajo control estatal y a que las nuevas estructuras sean dirigidas por personas idóneas seleccionadas mediante criterios técnicos y no políticos.
El diputado liberal Yury Sabas ya había expresado en etapas previas del debate que el respaldo de su bancada dependía de que quedara claro que «cero intenciones de privatizar la ENEE» era la premisa central de cualquier cambio.
El Partido Libertad y Refundación (Libre) ratificó su rechazo a las reformas y anunció asambleas y movilizaciones en defensa de la ENEE.
La subcoordinadora del partido, Rixi Moncada, leyó un pronunciamiento denominado Salvemos la ENEE, reforma y contrarreforma, en el que calificó la iniciativa como un cambio estructural de fondo que implicaría la pérdida del dominio público y la soberanía del Estado sobre el subsector eléctrico.
Moncada cuestionó específicamente que la futura integración de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) otorgaría una mayor participación a la iniciativa privada en la toma de decisiones.
También señaló que la propuesta trasladaría la resolución de conflictos a mecanismos de arbitraje vinculados a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y advirtió sobre posibles modificaciones en los procesos de contratación, compras y licitaciones.
La dirigente calificó la reforma de «un tiro de gracia a la ENEE» y señaló en particular la posible entrega del Centro Nacional de Despacho.
Libre recordó que durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, la energía eléctrica fue declarada un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social mediante decreto legislativo en 2022, un marco que el partido considera que las reformas actuales buscan desmantelar.
El presidente del STENEE, Miguel Aguilar, adoptó una postura diferenciada. Reconoció la necesidad de modernizar la empresa y valoró el avance del proyecto en el Congreso como una señal positiva, pero condicionó el respaldo del sindicato a que la reforma no abra ningún atajo hacia la privatización.
«Honduras requiere una reforma energética que impulse la apertura de inversiones en generación, transmisión y distribución, pero asegurando siempre el bien público», expresó Aguilar.
El dirigente sindical también solicitó garantías para la libertad sindical, la contratación colectiva y la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la estatal, independientemente de la subsidiaria en que queden encuadrados tras la reorganización.
La ENEE arrastra una crisis financiera de larga data. De acuerdo con diagnósticos técnicos citados durante el debate legislativo, las pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa superan el 34 por ciento, y la deuda acumulada total ronda los 120 mil 500 millones de lempiras.
