TEGUCIGALPA, Honduras
Funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional han intensificado en las últimas semanas sus llamados a aprobar una reforma que divida a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres sociedades mercantiles independientes —generación, transmisión y distribución—, como parte de un plan que buscan presentar como el rescate financiero de la estatal eléctrica.
El proyecto de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ordena la escisión de la ENEE en al menos tres sociedades: una de generación, encargada de las centrales hidroeléctricas y la producción de energía; una de transmisión, responsable de las líneas de alta tensión; y una de distribución, a cargo del suministro y la facturación a los consumidores.
La ENEE quedaría como empresa matriz, propietaria de las tres subsidiarias, sin intervenir directamente en su gestión operativa.
Según el planteamiento oficial, el cien por ciento de las acciones de las nuevas empresas permanecería en manos del Estado a través de la ENEE, y cualquier transferencia futura de esas acciones requeriría autorización expresa del Congreso Nacional.
El proyecto también establece que los activos estratégicos —represas, líneas de transmisión y centrales— seguirán considerados patrimonio público y de seguridad nacional, y contempla garantías laborales para el personal que sea trasladado a las nuevas subsidiarias.
Funcionarios del Gobierno han insistido en que la reforma no equivale a una privatización, sino a una reestructuración orientada a mejorar la eficiencia del servicio.
El gerente de la ENEE Guillermo Peña ha explicado que la separación de funciones busca replicar prácticas que ya aplican la mayoría de los países de la región, señalando que Honduras, junto con Costa Rica, Paraguay, Cuba y Venezuela, se cuenta entre los pocos que aún mantienen un modelo verticalmente integrado y estatal en su totalidad.
El secretario de Finanzas Emilio Hércules ha remarcado que el objetivo central de la medida es sanear las cuentas de la ENEE y reducir la carga fiscal que representa para el Estado, argumentando que los recursos que hoy se destinan a cubrir el déficit energético podrían liberarse para atender áreas como salud y educación.
El presidente del Banco Central Roberto Lagos también ha respaldado la iniciativa, planteando que la reforma busca ordenar las finanzas de la empresa de manera similar a como una familia administra su presupuesto para evitar el endeudamiento descontrolado.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional ha defendido en varias intervenciones ante el pleno que la propuesta no contempla ninguna forma de venta de la empresa y ha atribuido las pérdidas anuales de la ENEE, que según cifras oficiales superan los 16 mil millones de lempiras, a la falta de decisiones sobre la institución durante las últimas dos décadas.
Legisladores oficialistas han argumentado además que el nuevo esquema permitirá focalizar mejor los subsidios eléctricos hacia los hogares de menores ingresos, en lugar de mantenerlos de manera generalizada.
El proyecto superó su primer y segundo debate en el Congreso Nacional en junio, aunque su discusión en tercer y último debate quedó pospuesta por falta de los 65 votos necesarios para su aprobación.
Las autoridades legislativas decidieron trasladar la discusión para después del receso legislativo, fijando el 21 de julio como fecha para retomar el debate, con el fin de que las distintas bancadas presenten observaciones adicionales al dictamen.
La bancada del Partido Liberal ha señalado que, aunque participó en el proceso de socialización del proyecto, no respaldará el texto en su redacción actual por considerar que persisten vacíos relacionados con el control efectivo de las nuevas sociedades y con la falta de una revalorización oficial de los activos de la ENEE.
Legisladores de esa bancada han planteado observaciones adicionales, entre ellas preservar de forma más explícita el carácter público de la empresa, garantizar tarifas justas y subsidios focalizados, e impulsar una auditoría forense independiente antes de avanzar con la reforma.
Organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras han planteado que, si bien el proyecto no contempla jurídicamente la venta de los activos de la ENEE, podría abrir espacio a lo que han descrito como una privatización funcional, en la medida en que ciertas actividades estratégicas, como la distribución, lleguen a delegarse a operadores privados mediante contratos de mediano o largo plazo.
El sindicato de trabajadores de la ENEE ha expresado por su parte que respalda la necesidad de un nuevo modelo energético, pero ha pedido incluir salvaguardas que impidan la privatización del área de distribución y que garanticen la estabilidad laboral durante la transición.
La reforma cuenta con el respaldo de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y está alineada con el acuerdo vigente entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.
Con el debate legislativo reanudándose el 21 de julio, el futuro de la reforma dependerá de si el oficialismo logra reunir los votos necesarios en el Congreso Nacional, en un contexto en el que persisten las negociaciones con la bancada liberal y las dudas planteadas por actores sindicales, sociales y religiosos sobre los alcances reales de la escisión propuesta para la ENEE.
