SAN PEDRO SULA, Honduras
Transportistas, taxistas y pobladores de El Progreso, en Yoro, han mantenido durante la primera semana de julio una serie de protestas y bloqueos en rechazo a un incremento en la tasa vial municipal, una medida que, según los manifestantes, alcanza hasta un 300 por ciento respecto a los montos cobrados en años anteriores.
De acuerdo con los denunciantes, algunos vehículos pasaron de pagar alrededor de 650 u 800 lempiras a montos que superan los dos mil 400 y hasta dos mil 500 lempiras por concepto de matrícula.
El incremento entró en vigencia a partir del 1 de julio y forma parte de una revisión al Plan de Arbitrios municipal 2026, aprobada en sesión de la corporación municipal el pasado 22 de diciembre de 2025, con los votos del alcalde y de la mayoría de los regidores, mientras dos regidores votaron en contra.
Existe controversia sobre el origen exacto del ajuste. Mientras algunos actores clave de la corporación municipal han señalado que el incremento a la tasa vial no fue discutido ni aprobado formalmente por el pleno, otras versiones indican que el aumento estaría vinculado a un decreto legislativo de 2026 que autorizó un préstamo para la ampliación del Distrito Comercial, financiamiento que se buscaría cubrir, entre otros tributos, con lo recaudado por la tasa vial municipal.
Las manifestaciones se han concentrado principalmente en puntos estratégicos de acceso a la ciudad, entre ellos el puente La Democracia, sobre la salida hacia San Pedro Sula; el puente sobre Quebrada Seca, hacia Tela; y los accesos hacia Santa Rita y Río Pelo.
Los bloqueos también se extendieron hacia el interior de varias colonias y barrios del municipio, afectando la circulación tanto de vehículos de transporte público como particular en distintos puntos del Valle de Sula.
Los manifestantes, entre quienes se encuentran taxistas, transportistas colectivos, ruleteros, representantes de la Cámara de Comercio de El Progreso y organizaciones de sociedad civil, han señalado que el ajuste representa un fuerte golpe económico para el transporte y para la ciudadanía en general, ya que advierten que el incremento terminará trasladándose al costo del pasaje.
También han cuestionado que la medida se aprobara sin un proceso de consulta amplio, señalando que no se convocó a un cabildo abierto ni se contó con la participación de la Cámara de Comercio ni de la totalidad de los regidores.
Una de las jornadas de protesta derivó en el desalojo de los manifestantes por parte de la Policía Nacional, que utilizó gas lacrimógeno y camiones cisterna con agua para despejar las vías bloqueadas.
Organizaciones que acompañaron la manifestación calificaron la intervención policial como desproporcionada y señalaron que agentes de seguridad advirtieron a los participantes que existía un registro fotográfico de quienes tomaron parte en las protestas.
Hasta el momento no se ha reportado un número oficial de personas detenidas o lesionadas durante los operativos de desalojo.
En jornadas posteriores, los manifestantes optaron por mantener protestas de carácter pacífico, coordinando sus recorridos con la Policía Nacional para evitar bloqueos prolongados y garantizar la circulación vehicular durante las marchas.
La principal exigencia de los grupos movilizados es que la alcaldía de El Progreso convoque una mesa de diálogo con la participación de transportistas, representantes empresariales y otros actores, con el fin de revisar el incremento y evaluar una posible reducción o derogación de la medida.
Organizaciones populares progreseñas han calificado el aumento de desproporcionado y han pedido a la corporación municipal proceder a su revisión, argumentando que no fue socializado adecuadamente con los contribuyentes.
Hasta el momento, la corporación municipal de El Progreso no ha anunciado la instalación de una mesa de negociación con los inconformes ni ha informado sobre una eventual revisión de los montos establecidos.
Las autoridades policiales, por su parte, han señalado que respetan el derecho a la manifestación pacífica, aunque han pedido a los organizadores evitar el cierre total de las vías para garantizar la libre circulación vehicular en la ciudad y en las rutas que conectan con el resto del Valle de Sula.
Los organizadores de las protestas han advertido que las movilizaciones podrían continuar en los próximos días si no se abre un espacio de diálogo o si la alcaldía no ofrece una respuesta concreta sobre una posible revisión del incremento a la tasa vehicular.
