TEGUCIGALPA, Honduras
La Secretaría de Educación retiró la partida presupuestaria destinada al pago de guardias y personal de aseo en varios centros educativos del país, lo que derivó en la salida de estos trabajadores y generó rechazo entre directores, docentes y padres de familia.
La directora de la Escuela David Corea Sánchez, en la colonia Australia, Elisabeth Vidal, explicó que las plazas de vigilancia y limpieza habían sido gestionadas durante varios años ante el Gobierno y la Seduc, y que el personal había pasado por distintas modalidades de contrato hasta alcanzar su permanencia, cumpliendo los requisitos correspondientes en cada etapa.
Vidal advirtió que la salida de estos empleados afecta directamente la seguridad y las condiciones sanitarias de los centros educativos. Señaló que, sin guardias, las escuelas quedan sin control de ingreso y salida de personas, mientras que la ausencia de personal de aseo obliga nuevamente a que estudiantes y docentes asuman labores de limpieza, una situación que consideró inapropiada para los alumnos.
La directora indicó además que, durante años, fueron las asociaciones de padres de familia quienes tuvieron que costear con recursos propios los salarios de vigilantes y aseadoras ante la falta de respaldo estatal, y advirtió que los despidos obligarán a retomar esa carga económica.
Cuestionó también que las cartas de destitución fueron notificadas después de que las salidas ya habían sido efectivas.
Ante señalamientos de que las plazas del personal despedido habrían respondido a recomendaciones políticas, Vidal rechazó esa versión y pidió que la permanencia del personal de servicio se evalúe por el desempeño de su trabajo y no por su afiliación partidaria.
De forma paralela, un sector del magisterio ha denunciado lo que calificó como despidos masivos e injustificados dentro de la Secretaría de Educación, alegando que las personas afectadas contaban con evidencia de solicitudes de permanencia realizadas desde hace más de una década y que sus nombramientos no fueron improvisados, sino resultado de procesos que incluyeron contratos y programas temporales previos.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una respuesta pública detallada sobre los criterios utilizados para determinar las salidas del personal de servicios generales en los centros educativos afectados.
