TEGUCIGALPA, Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública, que se celebrará el 5 de agosto en Washington para examinar la independencia judicial, la separación de poderes y el cumplimiento de los estándares internacionales de debido proceso en los juicios políticos impulsados por el Congreso Nacional en los últimos meses.
La controversia se remonta al 23 de marzo, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general, Johel Zelaya, quien fue destituido dos días después.
La decisión reavivó cuestionamientos previos, ya que en noviembre de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado, en un caso relacionado con la destitución de magistrados de la Sala Constitucional ocurrida en 2012, que la normativa hondureña sobre juicio político no garantizaba adecuadamente el debido proceso ni las mínimas garantías judiciales, y ordenó al Estado adecuar su legislación interna.
Como parte del seguimiento a ese fallo, en abril la CIDH activó un mecanismo de solicitud formal de información al Gobierno hondureño sobre las medidas adoptadas para reformar la legislación del juicio político.
Semanas después, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales pidió a la Comisión que celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en el país, señalando problemas estructurales como la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra autoridades judiciales y electorales, y el incumplimiento de sentencias previas del sistema interamericano. La CIDH notificó oficialmente su decisión de convocar la audiencia el 8 de junio.
Además del caso del exfiscal Zelaya, la sesión también abordará los procesos de juicio político contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, y el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, ambos removidos de sus cargos en abril con los votos combinados del Partido Nacional y el Partido Liberal.
Frente a esta convocatoria, el Gobierno hondureño designó a la Procuraduría General de la República como su representante legal ante el organismo interamericano.
La cancillería informó que, hasta el momento, no se ha recibido el detalle completo de los puntos específicos que se discutirán, por lo que la preparación de la defensa del Estado se encuentra en marcha, con solicitudes de información dirigidas al Ministerio Público y a otras instituciones vinculadas a los procesos cuestionados.
La cita ante la CIDH ha generado posturas encontradas dentro de la clase política hondureña. Sectores cercanos a organizaciones de derechos humanos sostienen que los recientes juicios políticos confirman que el país no ha corregido las deficiencias señaladas por la Corte Interamericana, lo que podría derivar en una nueva condena internacional si el patrón se mantiene.
Otros análisis, en cambio, plantean que las observaciones del tribunal interamericano en el precedente de 2023 estaban dirigidas a procesos de naturaleza estrictamente judicial y no necesariamente aplican de la misma forma al mecanismo político tal como se ha usado recientemente, por lo que el caso podría no escalar más allá de esta audiencia.
En el plano legislativo, la bancada de Libre —cuyos representantes en los órganos electorales fueron el centro de los juicios políticos más recientes— ha calificado estos procesos como una forma de persecución dirigida a remover del sistema electoral a funcionarios afines a su partido tras la salida de este del Poder Ejecutivo.
En sentido opuesto, voceros del Partido Nacional y el Partido Liberal han defendido el uso del mecanismo como una herramienta constitucional legítima, argumentando que las denuncias contra los funcionarios electorales respondieron a señalamientos concretos sobre su desempeño durante el proceso electoral de 2025.
Desde el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del país, se ha señalado que Honduras mantiene un historial de bajo cumplimiento frente a las sentencias del sistema interamericano: aunque el Estado suele reconocer públicamente los fallos, las reformas estructurales ordenadas —entre ellas, la adecuación de la ley que regula el juicio político— continúan pendientes de ejecución.
