TEGUCIGALPA, Honduras
La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha cuestionado la forma en que el gobierno y el Congreso Nacional han vinculado la crisis de apagones que atraviesa el país con la urgencia de aprobar la nueva Ley General de la Industria Eléctrica.
Para estos legisladores, el deterioro del servicio eléctrico estaría siendo utilizado como argumento de presión para acelerar la votación de una reforma que, según sostienen, abre la puerta a una privatización encubierta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El reclamo se intensificó el 16 de junio, cuando el pleno del Congreso Nacional inició el primer debate del dictamen. En esa sesión, los diputados de Libre protagonizaron una protesta dentro del hemiciclo, coreando consignas como «la ENEE no se vende, la ENEE se defiende», en rechazo a lo que consideran un intento de traspasar a manos privadas la administración de la estatal eléctrica.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, respondió a la protesta ordenando sanciones disciplinarias, incluida la deducción de quince días de salario a los diputados que participaron en la interrupción.
Mientras la bancada oficialista del Partido Nacional insiste en que la reforma es indispensable para frenar pérdidas que superan los 16 mil millones de lempiras anuales y para reducir los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje que afectan a distintas regiones del país, Libre mantiene una postura de rechazo cerrado, al considerar que la narrativa de emergencia energética se emplea como mecanismo para forzar un respaldo legislativo apresurado.
Las autoridades del Congreso y el Poder Ejecutivo han insistido en que el proyecto no contempla la venta de la ENEE. El presidente del Legislativo ha señalado en distintas intervenciones que la propiedad estatal de la empresa queda garantizada en el dictamen, y que los activos estratégicos —como embalses, centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión— continuarán siendo considerados patrimonio público.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha reforzado ese argumento, explicando que el proyecto establece que las acciones y activos de las nuevas subsidiarias que surjan de la reestructuración de la ENEE serán intransferibles e inalienables, y que cualquier transferencia futura requeriría autorización expresa del Congreso Nacional.
En medio de esta disputa, la discusión del dictamen quedó en pausa tras no reunirse los 65 votos necesarios para su aprobación, y se reanudará formalmente el 21 de julio, una vez concluido el receso legislativo.
Durante ese periodo, las cinco bancadas representadas en el Congreso podrán presentar observaciones al proyecto. El Partido Liberal, que se ha mantenido en una posición intermedia, anunció que no respaldará la iniciativa en su redacción actual y prepara una propuesta complementaria basada en siete ejes, entre ellos la prohibición expresa de cualquier forma de privatización y una auditoría forense independiente a la estatal.
Organizaciones como la Confraternidad Evangélica de Honduras también han pedido que la reforma se discuta con mayor información pública y sin apresuramientos, advirtiendo que sería un error aprobarla de forma acelerada sin un debate suficiente.
