TEGUCIGALPA, Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública que se celebrará el próximo 5 de agosto en Washington, en el marco de su 196.º período de sesiones, para examinar la situación de la independencia judicial en el país y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de administración de justicia.
El proceso se originó luego de que, entre marzo y abril de este año, el Congreso Nacional impulsara varios procedimientos de juicio político que derivaron en la destitución del entonces fiscal general, Johel Zelaya; del consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, junto con otros funcionarios de ese organismo.
En medio de ese mismo contexto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, presentó su renuncia al cargo de presidenta, aunque continuó como magistrada.
Ante esos hechos, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron el 23 de abril una solicitud para que la CIDH celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras.
El pedido señaló problemas como la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra autoridades judiciales y electorales, la cancelación de nombramientos y la influencia política en la designación de funcionarios, además del incumplimiento de sentencias previas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Como parte de ese seguimiento, el 10 de abril la CIDH activó el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicitó formalmente al Estado hondureño información sobre las medidas adoptadas para reformar la legislación relacionada con el juicio político, garantizar el debido proceso y asegurar recursos judiciales efectivos.
El 8 de junio, el organismo notificó oficialmente al Gobierno de Honduras la convocatoria a la audiencia del 5 de agosto, otorgándole un plazo de 15 días para responder.
El caso se vincula directamente con la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, que condenó al Estado por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en 2012 y ordenó adecuar la legislación interna sobre juicio político a los estándares internacionales de independencia judicial.
La cancillería hondureña confirmó que la representación oficial del país estará a cargo de la Procuraduría General de la República.
Diputados del Congreso Nacional han defendido la legalidad de los procesos, argumentando que se sustentaron en el artículo 234 de la Constitución y en la Ley Especial de Juicio Político, vigente desde 2013, y que las decisiones contaron con el respaldo de distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.
Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos mantienen posiciones divididas sobre el tema: mientras algunos consideran que los procedimientos se ajustaron a los plazos y garantías establecidos por la ley, otros sostienen que no se respetaron los términos previstos para la investigación y que, de prosperar una eventual demanda ante la Corte Interamericana, el Estado podría enfrentar una nueva condena internacional.
La audiencia del 5 de agosto permitirá a la CIDH conocer los argumentos tanto del Estado hondureño como de las organizaciones peticionarias, antes de emitir sus valoraciones sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de independencia judicial y separación de poderes.
