TEGUCIGALPA, Honduras
En el marco del proceso de subasta del avión presidencial Embraer Legacy 600, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se refirió al origen de los recursos que financiaron la compra de la aeronave en 2014, señalando que una parte del dinero provino de una donación del gobierno de Taiwán y la otra parte de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
La explicación se da en un contexto donde el origen de esos recursos ha sido objeto de controversia durante más de una década.
La adquisición del jet, valorada en aproximadamente 14 millones de dólares, se presentó originalmente como una donación del gobierno taiwanés.
Sin embargo, distintas investigaciones periodísticas y auditorías institucionales establecieron posteriormente que el pago se realizó a través del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, mejor conocida como Tasón, un fondo creado para financiar acciones de prevención y combate a la delincuencia.
De acuerdo con esos hallazgos, el convenio de cooperación entre Honduras y Taiwán tenía como propósito original la adquisición de una aeronave militar, una flota de helicópteros y un lote de 40 ambulancias.
No obstante, esos recursos habrían sido reorientados hacia la compra del jet de lujo destinado al uso presidencial, en lugar de cumplir con el objetivo inicial del convenio.
Según la versión oficial más reciente, los fondos donados por Taiwán fueron depositados en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, desde donde posteriormente se ejecutó el pago de la aeronave.
El tema resurge en momentos en que el gobierno actual avanza con el proceso de venta del avión, ordenado por el Congreso Nacional.
La subasta pública se realizó el pasado 10 de julio en instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras, con la participación de siete empresas nacionales e internacionales interesadas en adquirir la nave.
El proceso fue coordinado por una comisión integrada por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Defensa y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, con la participación como veedores del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República.
El origen de los fondos utilizados en la compra original ha sido además materia de investigación por parte del Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, que ha indagado los contratos vinculados a la adquisición, el mantenimiento y la construcción del hangar de la aeronave.
Autoridades del gobierno actual han señalado que los recursos que se obtengan de la venta del avión serán destinados al fortalecimiento a la salud y educación.
