TEGUCIGALPA, Honduras
El Gobierno de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad (IP), suscribió esta semana un contrato por más de 65 millones de dólares con el consorcio alemán Tönnjes para el suministro de placas vehiculares, en un acuerdo que busca resolver el desabastecimiento de matrículas metálicas que arrastra el país desde 2023.
El convenio, con una vigencia de tres años y medio, contempla la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de placas y la instalación de una planta de producción en territorio hondureño.
El documento fue firmado por el secretario de la Presidencia y presidente ad honórem del Consejo Directivo del IP, Juan Carlos García, junto a la gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Tönnjes, Lucía Mausen.
El presidente Nasry Asfura participó como testigo de honor, junto a la embajadora de Alemania en Tegucigalpa, Daniela Vogl.
Según las autoridades, la contratación se realizó de forma directa con la empresa fabricante, sin intermediarios, amparada en el Decreto Legislativo 038-2026, aprobado por el Congreso Nacional en marzo de este año para autorizar al IP a contratar directamente con proveedores de placas y tecnología asociada.
El objetivo declarado es acelerar la entrega de matrículas ante una mora que, según cifras oficiales, se acercaba al millón de vehículos circulando con permisos provisionales de papel hasta julio de 2026.
Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad para el parabrisas.
TONNJES HIZO NEGOCIOS EN EL GOBIERNO DE JOH. Tönnjes no es un proveedor nuevo para Honduras. La relación entre el Estado y la empresa alemana se remonta a diciembre de 2014, cuando, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, se adjudicó el primer contrato de suministro de placas al entonces llamado Tönnjes Group Latinoamérica.
Ese acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo Directivo del IP en ese momento, Ebal Díaz, junto a representantes de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza).
Aquel primer contrato incorporó por primera vez en Honduras las placas con chip RFID, tecnología que, según se documentó en su momento, elevó de forma considerable el costo de fabricación: el valor de la placa pasó de alrededor de 9 dólares a más de 26 dólares por unidad, un incremento que en su momento se tradujo en pérdidas para el Estado de más de 200 millones de lempiras, dado que el Instituto de la Propiedad continuó cobrando a los usuarios una tarifa fija de 500 lempiras por el kit de placas.
A esas pérdidas se sumó que, durante años, el Estado no llegó a adquirir ni instalar los lectores electrónicos necesarios para aprovechar la tecnología RFID incorporada en las láminas, por lo que ese componente permaneció, en la práctica, sin uso.
En 2023, cuando el IP —ya bajo el gobierno de Xiomara Castro— relanzó un proceso de licitación internacional para renovar el suministro de placas, Tönnjes se presentó como la única empresa oferente, con un precio unitario todavía mayor al pactado en 2014.
La institución, sin embargo, no logró cerrar ese contrato por falta de presupuesto disponible, lo que contribuyó a prolongar la crisis de desabastecimiento que llevó a cientos de miles de conductores a circular durante años con permisos provisionales de papel.
Ebal Díaz, quien encabezó el Consejo Directivo del IP entre 2014 y 2018 durante la presidencia de Hernández, fue una figura recurrente en la cobertura periodística de aquellos años, tanto por el manejo del registro vehicular como por señalamientos de organizaciones de sociedad civil sobre otros asuntos ajenos a las placas, entre ellos denuncias relacionadas con la asignación de terrenos estatales.
El acuerdo se produce, sin embargo, en un ambiente político en el que la contratación directa autorizada por el Decreto 038-2026 —que excluye la participación de intermediarios y limita el proceso competitivo abierto— ha sido, en general, un punto sensible en el debate hondureño sobre compras públicas, especialmente cuando involucra a un proveedor que en el pasado ha sido señalado por sobreprecios y por pérdidas económicas para el Estado.
El propio historial del contrato original de 2014 —negociado durante la gestión de Ebal Díaz, figura estrechamente asociada al gobierno de Juan Orlando Hernández— ha sido invocado en años recientes por distintos sectores como ejemplo de los cuestionamientos que históricamente ha enfrentado el manejo del registro vehicular en Honduras.
