TEGUCIGALPA, Honduras
La embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) con licencia, Cossette López, cuestionó el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de conocerse que el Estado hondureño comparecerá el próximo 5 de agosto ante ese organismo por la aplicación de la figura del juicio político contra varios exfuncionarios electorales y judiciales.
López planteó que resulta contradictorio que la CIDH abra ahora espacios de discusión sobre la independencia judicial y la autonomía de las autoridades electorales, cuando, según ella, durante la crisis del proceso electoral de 2025 el organismo desestimó de manera reiterada las solicitudes de protección presentadas por ciudadanos hondureños que denunciaban ataques contra el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
«¿Derechos humanos? ¿O derechos de algunos humanos?», escribió, calificando las solicitudes rechazadas en ese momento como evidencia de lo que describió como un ataque sistemático contra las instituciones electorales. Planteó además la duda de si esas negativas respondieron a formalismos o a un sesgo institucional, y sostuvo que «la verdad importa más que nunca y trascenderá las fronteras».
En declaraciones posteriores, amplió sus cuestionamientos y acusó a la CIDH de aplicar un doble rasero, al señalar que el organismo dio trámite con rapidez a una carta de organizaciones de sociedad civil para revisar la autonomía judicial en el país, mientras que las peticiones individuales presentadas durante la crisis electoral no habrían recibido el mismo trato.
Las declaraciones de López se producen en el contexto de la convocatoria de la CIDH al Estado de Honduras para una audiencia pública que se celebrará el 5 de agosto en Washington, dentro de su 196 período de sesiones.
La audiencia fue solicitada por organizaciones de DDHH nacionales e internacionales y busca abordar el uso de la figura del juicio político para destituir a altos funcionarios, entre ellos el entonces fiscal general Johel Zelaya y el magistrado del TJE Mario Morazán, ambos removidos de sus cargos por el Congreso Nacional en 2026.
La sesión también evaluará el cumplimiento de una sentencia de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, que ordenó al Estado adecuar su legislación y procedimientos internos para garantizar el debido proceso y la independencia judicial en los juicios políticos.
La representación oficial del Estado en esa audiencia estará a cargo de la Procuraduría General de la República, encabezada por el procurador Dagoberto Aspra.
Morazán, uno de los funcionarios cuya destitución motivó la audiencia ante la CIDH, ha sostenido en distintas comparecencias que la Ley Especial de Juicio Político hondureña es inconvencional y que la propia Corte Interamericana ya había pedido su reforma por no garantizar de forma adecuada el debido proceso.
Ante la comisión legislativa que investigó su caso, afirmó que el Estado estaba advertido y aun así impulsó los procesos de juicio político en su contra y en el de otros funcionarios electorales.
La disputa se enmarca en un proceso institucional más amplio que se originó en marzo y abril de 2026, cuando el Congreso Nacional —con mayoría del Partido Nacional y el Partido Liberal— abrió juicios políticos contra el fiscal general Johel Zelaya, el consejero del CNE Marlon Ochoa, el magistrado propietario del TJE Mario Morazán y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Los cuatro funcionarios electorales fueron finalmente destituidos por el pleno legislativo en abril, en votaciones que superaron el umbral de dos tercios que exige la Ley Especial de Juicio Político.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que estos procesos podrían derivar en una nueva condena internacional contra el Estado hondureño, si los exfuncionarios destituidos acuden al sistema interamericano.
Analistas jurídicos mantienen posiciones divididas: unos consideran que el procedimiento legislativo no respetó los plazos ni las garantías mínimas de defensa, mientras otros sostienen que las destituciones se ajustaron a la legislación vigente.
El caso de López tiene además una dimensión particular: la exconsejera fue designada en julio de 2026 como embajadora de Honduras ante la OEA, con licencia de un año en su cargo en el CNE, posición desde la cual, según ha declarado, dará seguimiento al trabajo del sistema interamericano, incluida la propia CIDH.
Hasta el momento, la CIDH no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos de López.
