TEGUCIGALPA, Honduras
Comunidades garífunas del atlántico mantienen desde el 15 de julio un plantón indefinido sobre la carretera CA-13, a la altura del desvío hacia Triunfo de la Cruz, en Tela.
La medida de presión exige la liberación definitiva de cinco defensores territoriales capturados durante un desalojo policial ejecutado días antes en la comunidad de San Juan, así como la derogación de la ley que las autoridades utilizaron para justificar esa acción.
El origen de la protesta se remonta al 6 de julio, cuando más de 200 agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un desalojo sobre un predio dentro de la comunidad garífuna de San Juan.
Según relatos de testigos y de la propia Organización Fraternal Negra Hondureña (Oofraneh), los uniformados dieron solo minutos a los miembros del comité de defensa de tierras para abandonar el terreno, y ante la exigencia de la comunidad de esperar la llegada de su abogado, la policía lanzó gases lacrimógenos y, de acuerdo con las denuncias, también disparos.
Cinco personas fueron detenidas en el operativo: Deinor Osmany Mejía Arzú, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan; Irbin René López Cortés; Carlos Enrique Fernández Guzmán; Onil Rigoberto Hernández Zelaya; y Sara Abigail Acosta Acosta, entre ellos una madre lactante y una persona con una condición cardíaca.
Todos fueron acusados del delito de usurpación agravada y, aunque quedaron en libertad horas después ante la presión comunitaria y la solidaridad nacional e internacional, permanecen sujetos a un proceso judicial con medidas sustitutivas.
El terreno en disputa es reclamado por la empresa Promociones y Turismo S.A., que según reportes periodísticos y declaraciones policiales estaría vinculada a la familia Rosenthal Oliva.
La autoridad policial sostuvo que la intervención respondió al cumplimiento de una resolución judicial y a la existencia de documentación de dominio pleno a favor de esa sociedad mercantil.
El desalojo constituyó la primera aplicación práctica del Decreto Legislativo 107-2026, conocido como la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, publicado en La Gaceta el 26 de junio.
La norma faculta a las autoridades a ejecutar desalojos en plazos de apenas dos o tres días ante denuncias de ocupación de tierras vinculadas a esos actores productivos.
Organizaciones garífunas y de derechos humanos han señalado que, aunque una circular de la Secretaría de Seguridad del 27 de junio instruyó a la Policía Nacional a exceptuar los territorios indígenas y tribales de la aplicación de esta ley, el operativo en San Juan se ejecutó de todos modos.
Abogados de la Ofraneh han presentado un recurso de amparo contra el decreto y solicitado ante los juzgados de San Pedro Sula la inaplicabilidad de la norma en este caso, además de pedir la corrección de lo que consideran abusos procesales, incluido el traslado de la causa judicial de Tela a San Pedro Sula, decisión que la comunidad interpreta como un obstáculo adicional a su defensa.
La comunidad de San Juan cuenta, además, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en 2023, que reconoce su derecho ancestral sobre el territorio en disputa y ordena al Estado hondureño la restitución de tierras y garantías de no repetición de las violaciones sufridas por el pueblo garífuna.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó preocupación por el operativo policial, las detenciones y lo que describió como persecución contra liderazgos comunitarios y de la Ofraneh.
La coordinadora general de la Ofraneh, Miriam Miranda, ha sido la voz más visible durante la movilización. Durante la toma de la carretera, Miranda denunció que las autoridades pretenden hacer desaparecer al pueblo garífuna no solo a través de la legislación, sino también mediante una campaña que los señala como parte de estructuras de crimen organizado o terrorismo.
Miranda calificó de «absurdo, abusivo y racista» el argumento con el que, según ella, el sistema de justicia trata a la comunidad de San Juan como si fuera una organización criminal.
Otros dirigentes de la comunidad han acompañado el reclamo con un tono igualmente firme. Representantes de la Ofraneh presentes en el plantón señalaron que continuarán con acciones de protesta hasta que se suspenda el proceso judicial contra los cinco defensores y se derogue la ley agroindustrial, e insistieron en que la comunidad no permanecerá pasiva ante lo que consideran un intento de despojo cultural y territorial.
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía, especializado en derechos humanos, señaló públicamente que el sistema de justicia hondureño trata a la comunidad garífuna de San Juan como si fuera una organización de criminalidad organizada, mientras —a su juicio— otorga un trato distinto a personas condenadas por narcotráfico o señaladas por corrupción.
Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos y representante legal de la Ofraneh, ha comparado el patrón judicial aplicado contra los defensores de San Juan con el utilizado en el pasado contra los defensores del agua de Guapinol, en el Valle del Aguán.
La protesta ha recibido también respaldo político. La diputada Johana Bermúdez emitió un pronunciamiento de solidaridad con la comunidad garífuna, en el que llamó a las autoridades a realizar una investigación «objetiva, transparente» sobre lo ocurrido y pidió que se privilegie el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
La movilización de San Juan se inserta en un contexto de tensión más amplia entre las comunidades garífunas y el Estado hondureño, marcado por el histórico incumplimiento de al menos cuatro sentencias de la Corte IDH a favor de comunidades de esta etnia —Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y el caso en trámite de Cayos Cochinos— y por episodios previos de desalojos, detenciones y amenazas contra dirigentes de la Ofraneh en distintos puntos de la costa caribeña.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que el Decreto 107-2026 forma parte de un conjunto más amplio de normas —que incluye también la ampliación de la definición de asociación terrorista y otras iniciativas legislativas— que, según sus críticos, configuran un marco jurídico que facilita la persecución judicial de quienes reclaman derechos sobre tierra, territorio y ambiente, al tiempo que refuerza la protección de intereses empresariales vinculados a sectores agroindustriales, turísticos y energéticos.
Amnistía Internacional ha advertido sobre los riesgos de criminalización y desplazamiento que representa este paquete de leyes para las comunidades indígenas y afrodescendientes del país.
Hasta el momento, la comunidad garífuna mantiene el bloqueo de la CA-13 y ha anunciado que instalará un campamento de carácter indefinido en el lugar, mientras espera una respuesta de las autoridades judiciales y de gobierno a sus demandas.
