TEGUCIGALPA, Honduras
El Distrito Central atraviesa una de las emergencias hídricas más graves de la última década. La combinación de un prolongado déficit de lluvias, el fenómeno de El Niño y el deterioro histórico de la red de distribución ha llevado a la alcaldía a mantener, desde finales de mayo, una declaratoria de emergencia hídrica que ya se extiende más allá de los 90 días previstos inicialmente, mientras miles de familias en Tegucigalpa y Comayagüela reciben agua potable con una frecuencia cada vez menor.
Según datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la capital requiere alrededor de 250 mil metros cúbicos diarios de agua para operar con normalidad.
Sin embargo, de los aproximadamente 181 mil metros cúbicos que se producen en planta, solo unos 90 mil llegan de forma efectiva a los usuarios, debido a que entre el 40% y el 45% del agua se pierde en el trayecto por fugas y tuberías deterioradas, algunas con más de tres décadas de antigüedad.
Las dos principales represas que abastecen al Distrito Central se encuentran en niveles críticos. Los Laureles, que en distintos momentos de las últimas semanas ha oscilado entre el 37% y el 40% de su capacidad, y La Concepción, que provee alrededor del 60% del agua de la capital, se ubicaba en torno al 37% en fechas recientes.
Ambos embalses fueron diseñados hace 35 años para abastecer a una población de un millón de habitantes, cifra que hoy se ha duplicado.
El esquema de racionamiento vigente durante julio establece que la mayoría de los barrios y colonias reciben agua potable una vez por semana, con turnos de aproximadamente 12 horas continuas por sector.
No obstante, en algunas zonas particularmente afectadas, vecinos y la propia UMAPS han reportado que el intervalo entre un suministro y otro puede extenderse entre 15 y 20 días.
La corporación municipal aprobó por unanimidad, el 26 de mayo, la declaratoria de emergencia hídrica por un período inicial de 90 días, una medida orientada a agilizar contrataciones y acciones de contingencia.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, comparó la situación con la crisis de 2015, aunque consideró que las condiciones actuales son incluso más severas debido al comportamiento irregular de las lluvias.
Entre las medidas adoptadas, la AMDC amplió su flota de camiones cisterna hasta superar las 80 unidades, un servicio que las autoridades han insistido en que es completamente gratuito para la población, con un costo aproximado de 12 millones de lempiras mensuales para la municipalidad.
Zelaya también anunció el fortalecimiento de las cuadrillas de reparación de fugas y la coordinación con juntas administradoras de agua en distintos sectores, además de asegurar que el manejo de los recursos de la emergencia contará con auditorías concurrentes.
El alcalde ha señalado además que la sequía y los incendios forestales registrados en zonas boscosas cercanas a las fuentes de agua han incrementado la vulnerabilidad del sistema, al afectar las áreas de recarga hídrica.
Sobre las soluciones estructurales de largo plazo, Zelaya confirmó que el proyecto de reactivación de la represa San José —considerado clave para mejorar el abastecimiento de la capital— no estará finalizado antes del primer trimestre de 2028.
Ante el riesgo de que la situación se agrave, la Alcaldía ha advertido públicamente sobre la posibilidad de que el Distrito Central entre en una fase que las propias autoridades han calificado como «supercrítica» si persiste la falta de lluvias.
El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, ha sido la voz técnica principal durante la emergencia. El funcionario ha explicado en distintas comparecencias que el problema no se limita a la baja disponibilidad de agua en los embalses, sino que también responde al colapso estructural de las tuberías principales, agravado por el crecimiento poblacional no planificado de la ciudad.
Boquín confirmó que la institución reforzó su capacidad operativa, pasando de cuatro a doce camiones cisterna en servicio activo, equivalentes a 24 unidades mediante turnos extendidos.
Asimismo, la UMAPS oficializó un calendario de distribución para julio de 2026, con horarios ajustados y mantiene cuadrillas técnicas operando las 24 horas para supervisar las válvulas de las represas.
La UMAPS ha impuesto también sanciones económicas, de entre cinco mil y 20 mil lempiras, a quienes desperdicien agua en actividades no esenciales, como lavar aceras, llenar piscinas o lavar vehículos, con la posibilidad de suspender el servicio a los reincidentes.
Boquín ha reiterado en varias ocasiones el llamado a la ciudadanía para almacenar solo el agua necesaria, reparar fugas domésticas y denunciar a cualquier operador de cisternas que cobre por un servicio que debe ser gratuito.
Según datos de la propia UMAPS, la institución atiende a cerca de 135 mil abonados en el Distrito Central, de los cuales el 66 por ciento se encuentra al día en sus pagos, el 19 por ciento paga con retraso y un 15 por ciento está en mora, un factor que las autoridades han señalado como una limitante adicional para financiar las obras de emergencia.
Las autoridades atribuyen buena parte de la crisis actual al fenómeno de El Niño y a una reducción cercana al 15% en el volumen de lluvias registrado durante 2026 en comparación con años anteriores.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha advertido que, aunque se prevén precipitaciones aisladas en distintas zonas del país en las próximas semanas, estas no serían suficientes para revertir de forma significativa el nivel de los embalses.
Tanto el alcalde como funcionarios municipales han insistido en que unos días de lluvia no bastan para resolver una crisis acumulada durante meses, y que la recuperación plena de los niveles de las represas dependerá del comportamiento de la temporada de lluvias en su conjunto.
Mientras tanto, la administración capitalina mantiene como prioridad garantizar el acceso mínimo al agua en los barrios y colonias más afectados, en lo que las propias autoridades han descrito como una de las crisis hídricas más severas que ha enfrentado la capital hondureña en las últimas décadas.
