TEGUCIGALPA, Honduras
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en la comunidad de Rigores, en Tocoa y en el departamento de Yoro continúan en desarrollo, con el propósito de capturar a todos los responsables y esclarecer completamente ambos casos.
La masacre de Rigores, ocurrida el 21 de mayo en una finca de palma africana en el municipio de Trujillo, Colón, dejó al menos 20 personas asesinadas y provocó una fuerte conmoción nacional.
En los primeros días tras el hecho, Velásquez reconoció que cuando la Policía llegó a la escena ya no se encontraban los cadáveres, y planteó la posibilidad de que hubiesen sido retirados por pobladores, compañeros de trabajo de las víctimas o por los propios responsables del ataque. En ese momento admitió también que no existían capturas.
Inicialmente, el funcionario había descartado que el crimen respondiera al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras en el departamento de Colón, y en su lugar señaló que las líneas de investigación prioritarias apuntaban a un enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, con el propósito de enviar un mensaje de poder y control territorial en el área agroindustrial.
En declaraciones posteriores, precisó que el hecho respondería a una disputa territorial entre grupos criminales dedicados a la explotación ilegal de fincas de palma africana usurpadas en la región.
Ante la gravedad del caso, el Gobierno anunció el despliegue de un equipo especial integrado por fiscales del Ministerio Público, agentes de inteligencia, miembros de las FFAA y jueces, con el objetivo de intervenir el Bajo Aguán y capturar a los responsables.
Velásquez calificó el hecho como una acción destinada a generar terror en la población y advirtió que el Gobierno no permitirá que las estructuras criminales sigan imponiendo violencia en la región.
En las semanas siguientes, las autoridades reportaron avances concretos. A finales de mayo, el ministro confirmó que al menos seis personas estarían directamente involucradas en la matanza, identificadas mediante labores de inteligencia, aunque para entonces todavía no se habían ejecutado capturas ni requerimientos fiscales formales.
En julio, un operativo policial en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, dejó como resultado un presunto integrante de estructuras criminales muerto y varias personas detenidas; Velásquez explicó que esa intervención formaba parte de las investigaciones del caso Rigores y descartó versiones que hablaban de una nueva masacre en el país.
Días después, el secretario confirmó que otro operativo, esta vez en el sector de Mezapita, Arizona, Atlántida, correspondió a una segunda fase de las diligencias investigativas.
En esa acción se decomisaron tres fusiles AR-15, dos escopetas y varias pistolas, indicios que serían sometidos a análisis para determinar si fueron utilizados en la masacre.
El funcionario indicó que las autoridades contaban con información que ubicaba en una vivienda a varias personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal señalada como responsable del hecho, y confirmó que todos los agentes que participaron en el operativo resultaron ilesos.
Según el balance más reciente ofrecido por Velásquez, dos personas ya han sido capturadas en relación con la masacre de Rigores, mientras que otras cuatro permanecen con órdenes de captura vigentes.
El funcionario indicó que aún faltan por detener a dos presuntos autores materiales del hecho, contra quienes ya existen órdenes de captura, y expresó su expectativa de lograr su detención en los próximos días.
Respecto al departamento de Yoro, Velásquez señaló que los equipos especializados de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen labores activas, respaldadas por fuerzas de intervención desplegadas en distintos puntos estratégicos del país.
El funcionario destacó que las operaciones realizadas en ese departamento han provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia otros municipios, como resultado de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.
En el marco de estas declaraciones, el secretario también ofreció un balance más amplio de la gestión en materia de seguridad.
Informó que, al cierre de junio, Honduras registra 40 homicidios menos en comparación con el mismo período del año anterior, además de una reducción de cinco casos de muertes violentas de mujeres.
Sobre el combate a la extorsión, aseguró que la Policía Nacional mantiene operativos permanentes para reducir la incidencia de este delito, uno de los principales problemas que enfrentan comerciantes y transportistas del país.
