TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional retoma este martes sus sesiones ordinarias, tras concluir el segundo receso legislativo del año, con el tercer y último debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) como el asunto prioritario pendiente de resolución.
El jefe del Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó el retorno a las actividades parlamentarias, aunque hasta el momento la junta directiva no ha divulgado el orden del día oficial de la primera sesión.
La discusión de la reforma eléctrica quedó suspendida a finales de junio, después de que la junta directiva del Congreso no lograra reunir los 65 votos necesarios para aprobar el dictamen tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo.
Ante ese escenario, Zambrano decidió otorgar un receso a las cinco bancadas representadas en el hemiciclo para que presentaran observaciones, recomendaciones y propuestas de modificación al proyecto antes de su votación definitiva.
«Lo que ya está elaborado no está escrito en piedra. Invitamos a todas las bancadas a sugerir y proponer mejoras, pero no a oponerse únicamente por razones ideológicas o políticas», expresó en su momento el titular del Legislativo.
La iniciativa, calificada como urgente por la administración del presidente Nasry Asfura, plantea una reestructuración del modelo de administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con el objetivo declarado de frenar pérdidas técnicas y financieras que, según cifras oficiales, rondan los 16 mil millones de lempiras al año, equivalentes a alrededor de 50 millones de lempiras diarios.
Desde el Poder Ejecutivo, Asfura ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma, al sostener que el Estado no puede continuar destinando recursos públicos para sostener las pérdidas operativas de la estatal eléctrica, fondos que, a su juicio, podrían orientarse hacia sectores como salud y educación.
El mandatario ha insistido en que la ENEE no se privatiza con esta reforma, sino que se fortalece, y ha enmarcado el proyecto como parte de un esfuerzo por construir una empresa más eficiente, transparente y capaz de ofrecer un servicio confiable.
En la misma línea se ha pronunciado la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien ha pedido a los diputados elevar el debate a un plano técnico y ha rechazado de forma categórica que la iniciativa implique la venta de activos, represas o redes de distribución del sistema eléctrico nacional.
Dentro del propio Congreso, el diputado nacionalista Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía, se mostró confiado en que la reforma logrará ser aprobada en esta nueva ronda de sesiones, con una proyección de entre 90 y 100 votos a favor.
El legislador ha argumentado que el respaldo a la iniciativa se extiende más allá de la bancada oficialista e incluye a generadores de energía, organismos crediticios internacionales, el sector privado y representantes de la sociedad civil, quienes coinciden en la urgencia de resolver la crisis financiera de la ENEE.
La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene su rechazo a la propuesta y sostiene que las reformas eléctricas constituyen, en la práctica, un mecanismo de privatización por partes de la estatal eléctrica, una posición que sus diputados han reiterado de manera constante desde que el proyecto fue enviado al Congreso.
Por su parte, la bancada del Partido Liberal de Honduras anunció que no respaldará el dictamen en su redacción actual, al considerar que no responde de manera integral a los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.
Los diputados liberales informaron que, tras un proceso de consulta con alcaldes, trabajadores de la ENEE, sectores productivos, académicos y representantes de la sociedad civil, trabajan en una propuesta complementaria estructurada en siete ejes.
La diputada Luz Ernestina Mejía señaló que el documento técnico de esa contrapropuesta podría estar listo justamente para este 21 de julio, aunque aclaró que antes deberá pasar por una fase de concertación con distintos sectores del país.
Al margen de las bancadas políticas, la Confraternidad Evangélica de Honduras también se sumó a la discusión mediante un comunicado en el que instó al Congreso a garantizar que cualquier reforma preserve el carácter estatal de la ENEE, conservando la propiedad de sus activos y el control público sobre la generación, transmisión, distribución y regulación del servicio eléctrico.
La organización advirtió que sería un error aprobar la reforma de manera acelerada y sin un debate suficiente, y pidió brindar mayor información a la ciudadanía sobre sus alcances, además de exhortar a actores políticos, sociedad civil y medios de comunicación a abordar la discusión con responsabilidad.
El debate legislativo se da en medio de una crisis prolongada en el sistema eléctrico nacional. Honduras registra una de las tarifas de energía más altas de la región, y los apagones que afectan a distintas zonas del país generan, según estimaciones citadas en el debate público, pérdidas superiores a los 50 millones de lempiras diarios para la economía nacional.
La clientela de la ENEE superó los 2.1 millones de usuarios hacia abril de 2026, una base de consumidores directamente afectada tanto por la calidad del servicio como por el resultado final de la reforma que el Congreso deberá resolver en las próximas sesiones.
