TEGUCIGALPA, Honduras
Un proceso de reorganización administrativa impulsado por la Secretaría de Educación ha dejado a cerca de 500 personas fuera de sus cargos en centros educativos de distintas regiones del país, en su mayoría vigilantes, personal de aseo y trabajadores administrativos contratados bajo el régimen de Servicio Civil.
La medida ha desatado protestas, tomas de instalaciones y suspensión de clases en varios institutos y escuelas, principalmente en el Distrito Central.
De acuerdo con la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, las desvinculaciones alcanzaron a unos 80 centros educativos de ese departamento, donde se estima que alrededor de 515 personas salieron del sistema, aunque las autoridades han aclarado que esa cifra no corresponde únicamente a despidos, sino que incluye también otro tipo de movimientos de personal.
Entre los centros donde se han registrado protestas figuran el Instituto Jesús Aguilar Paz, el José Santos Guardiola, el Superación San Francisco, el Instituto Técnico Río Abajo y el Francisco Miranda, en la comunidad de Zambrano, cuyos estudiantes incluso se trasladaron hasta Casa Presidencial para exigir el reintegro del personal separado.
Las cartas de cancelación entregadas a los trabajadores, según han denunciado los propios afectados, no detallan con claridad los motivos de las desvinculaciones, lo que ha alimentado el reclamo de que el proceso se ejecutó sin respetar el debido proceso ni ofrecer una explicación individualizada a cada empleado.
La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, ha defendido en distintas comparecencias que las medidas responden a un proceso de reorganización administrativa y no a motivaciones políticas.
La funcionaria explicó que, en varios centros educativos, se detectó un número de empleados que no correspondía a las necesidades reales de la matrícula estudiantil, y citó como ejemplo casos de instituciones con hasta ocho vigilantes para apenas 50 alumnos, así como oficinas donde cuatro empleados compartían un mismo escritorio.
Argueta también señaló que parte del personal desvinculado desempeñaba funciones ajenas al ámbito estrictamente educativo, como médicos y odontólogos, quienes a su criterio deberían gestionar su reubicación dentro de la Secretaría de Salud.
Sobre el caso particular de los psicólogos escolares, la funcionaria indicó que su situación continúa bajo análisis para determinar la forma en que se incorporarán a la estrategia educativa, y explicó que en algunos centros no existía el equipo médico indispensable para que estos profesionales prestaran sus servicios, lo que motivó la revisión de esos nombramientos.
La ministra precisó que la mayoría de las personas desvinculadas había obtenido sus acuerdos de nombramiento durante los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026, y sostuvo que la Secretaría recibió una estructura con un número elevado de empleados supernumerarios, lo que consideró una carga económica innecesaria para el Estado.
Argueta confirmó además que no habrá reintegro para el personal ya despedido, indicó que los afectados recibieron el pago correspondiente a sus prestaciones laborales, y no descartó que se ejecuten nuevos despidos en otros centros educativos, condicionando cualquier decisión adicional a un análisis previo de las necesidades de cada institución.
Padres de familia, estudiantes y docentes han sostenido jornadas de protesta durante varios días consecutivos en distintos puntos del Distrito Central, con tomas de instalaciones que en algunos casos derivaron en la suspensión de clases.
El reclamo central de los manifestantes es la reincorporación de los vigilantes, conserjes y trabajadores administrativos separados de sus cargos, a quienes consideran parte fundamental del funcionamiento diario de los centros escolares.
Entre los afectados se encuentran también trabajadores del área de salud escolar. En uno de los institutos donde se registraron protestas, la enfermera del centro relató que fueron separados cinco trabajadores, entre ellos personal médico que brindaba atención directa a la comunidad estudiantil.
Ante la continuidad de las protestas, la ministra Argueta advirtió que la Secretaría de Educación tomará medidas frente a los centros que persistan en paralizar actividades académicas, al considerar que el principal perjudicado de esas interrupciones es el estudiantado.
La funcionaria explicó que, de mantenerse las suspensiones de clases, podría ser necesario ampliar el calendario del año lectivo para recuperar los días perdidos y garantizar el cumplimiento del programa académico, aunque reiteró que la institución mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores inconformes dentro del marco legal.
El proceso de despidos coincide con la conmemoración, el pasado 8 de julio, de los primeros 100 días de clases del año lectivo en Honduras, fecha en la que la propia Secretaría de Educación reconoció a los centros que han mantenido sus actividades sin interrupciones pese al clima de protesta que atraviesa una parte del sistema escolar.
Hasta el momento, las protestas continúan de manera focalizada en distintos institutos y escuelas del país, mientras la Secretaría de Educación mantiene su posición de no reintegrar al personal ya desvinculado.
