TEGUCIGALPA, Honduras
La discusión sobre la reforma al subsector eléctrico, que el Congreso Nacional retomará este martes en tercer debate, mantiene un frente de oposición activo integrado por el extitular de Energía Erick Tejada y por decenas de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y comunitarias, quienes coinciden en que la iniciativa abriría la puerta, de manera directa o indirecta, a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Y es que Tejada ha sido una de las voces más constantes en el cuestionamiento a la reforma desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.
Tejada ha sostenido que la propuesta de dividir a la estatal eléctrica en tres sociedades mercantiles independientes —encargadas de generación, transmisión y distribución— constituye, en la práctica, la antesala de la privatización de activos acumulados por la empresa desde 1957, los cuales estima en más de 116 mil millones de lempiras.
Según su argumento, la creación de sociedades anónimas implicaría inevitablemente la existencia de acciones y accionistas, lo que abriría la posibilidad de que actores privados terminen controlando activos construidos con recursos públicos, sin que medie una venta formal de esos bienes.
El exfuncionario ha señalado también que la reforma contempla la privatización del despacho de energía, una función que en la mayoría de los países permanece bajo control estatal por su relevancia estratégica, y ha advertido que modificaciones al artículo 9 de la Ley General de la Industria Eléctrica, junto con la derogación del artículo 10 del Decreto 46-2022, ampliarían el alcance de lo que él denomina una «contrarreforma» energética.
Tejada ha cuestionado además al actual gerente de la ENEE, Guillermo Peña, por afirmar que solo un puñado de países de América Latina mantiene un sistema eléctrico verticalizado bajo control estatal.
El exsecretario de Energía ha respondido citando los casos de Francia, Suecia, Finlandia, China, México, Uruguay y Costa Rica, entre otros, como ejemplos de naciones donde el Estado conserva un papel predominante en generación, transmisión y regulación energética, y ha calificado como impropio de cualquier país que no sea, en sus palabras, «una república bananera», el retiro del Estado de las funciones de fiscalización y supervisión del sector.
Este cruce de posiciones ha derivado en un intercambio público con la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien ha pedido elevar el debate a un plano técnico y ha defendido la necesidad de resolver la crisis financiera de la ENEE.
Tejada, por su parte, ha señalado que durante su gestión al frente del sector, entre 2022 y 2026, se registraron avances como la renovación de tres centrales hidroeléctricas, la ampliación de diez subestaciones, la reducción de pérdidas energéticas y una disminución del 27.7 por ciento en el precio de la energía, atribuible según él a la renegociación de 18 contratos de generación.
El rechazo a la reforma también ha sido asumido de forma orgánica por el partido Libertad y Refundación (Libre), cuya subcoordinadora, Rixi Moncada, presentó un pronunciamiento denominado Salvemos la ENEE, reforma y contrarreforma, en el que la dirigencia advirtió que las modificaciones propuestas ponen en riesgo el carácter público del servicio eléctrico y trasladarían mecanismos de resolución de conflictos a instancias de arbitraje vinculadas a la iniciativa privada, lo que a su juicio reduciría la participación del Estado en decisiones estratégicas del sistema energético.
De forma más amplia, el movimiento social hondureño ha vinculado el rechazo a la reforma eléctrica con el reclamo contra otras normativas recientes.
Este lunes 20 de julio, coincidiendo con la conmemoración del Día de Lempira y de la Identidad Nacional, decenas de organizaciones territoriales, garífunas, sindicales y comunitarias, agrupadas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, sostuvieron tomas pacíficas en al menos siete puntos del país, entre ellos Colón, Choluteca, Comayagua, Atlántida, Santa Bárbara, el norte de Yoro y el acceso sur de la capital.
Bajo la consigna ¡fuera la racha! ¡No a la privatización de la ENEE!, exigieron la derogación tanto del Decreto 107-2026, que regula el aparato agroindustrial, como de los decretos 93-2021 y 84-2026, al considerar que en conjunto profundizan un modelo de despojo territorial y de militarización de los conflictos sociales en el país.
A este frente de cuestionamientos se sumó también la Coalición Patriótica de Solidaridad, que remitió a la Comisión de Energía del Congreso Nacional un pliego de once puntos estratégicos, entre ellos la exigencia de declarar la energía eléctrica como un asunto de orden público y de garantizar, mediante disposiciones expresas, que la ENEE no sea privatizada ni de forma directa ni indirecta.
Frente a estos señalamientos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha reiterado que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla la privatización de la ENEE, sino que busca fortalecer la estatal y corregir sus problemas financieros y operativos.
«Con esta reforma queda garantizado que se preserva la propiedad estatal de la ENEE. No se privatizará la ENEE», ha señalado en su intervención ante el pleno legislativo. Desde la sociedad civil, sectores como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han manifestado su respaldo al enfoque técnico del proyecto, mientras que la Confraternidad Evangélica de Honduras ha llamado a preservar el carácter estatal de la empresa y a conducir el debate con responsabilidad, sin que sea utilizado con fines partidarios.
La discusión se produce en un país donde la clientela de la ENEE superó los 2.1 millones de usuarios hacia abril de 2026, y en medio de tarifas eléctricas que figuran entre las más altas de la región centroamericana.
El debate legislativo sobre el futuro de la estatal eléctrica continuará este martes, cuando el Congreso Nacional retome el tercer debate del dictamen, en un ambiente en el que persisten posiciones encontradas entre el oficialismo, distintas bancadas de oposición y una parte significativa del movimiento social organizado del país.
