TEGUCIGALPA, Honduras
El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, ocurrido este domingo tras casi ocho meses de haber sido indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó pronunciamientos actores de la oposición política y de organizaciones de la sociedad civil, centrados principalmente en el desarrollo del proceso judicial que el expresidente enfrenta en el país por el caso Pandora II.
La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, señaló no tener temor ante el regreso del exmandatario, a quien se refirió como beneficiario de un indulto otorgado por el gobierno de EE.UU.
Moncada exigió que las instituciones hondureñas apliquen la ley con objetividad y sin conceder tratamientos especiales por la condición de expresidente de Hernández.
En una línea similar se pronunció el dirigente del Partido Liberal, Enrique Ortez, quien señaló que el regreso del exmandatario representa la reapertura de uno de los capítulos más polémicos de la historia política reciente de Honduras y anticipó que tendrá repercusiones en el escenario político nacional en los próximos meses.
Organizaciones de la sociedad civil también fijaron postura sobre el retorno de Hernández. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, planteó que el reto principal no es el regreso de Hernández en sí, sino garantizar que la justicia hondureña actúe sin privilegios frente a figuras de poder.
Castellanos señaló que el proceso pendiente por el caso Pandora II representará una prueba para la credibilidad de las instituciones del país, en un contexto en el que diversos sectores han expresado inquietud sobre la posibilidad de que Hernández reciba un trato distinto al de otros ciudadanos procesados por delitos similares.
Legisladores y figuras públicas de oposición también se manifestaron a través de redes sociales, subrayando que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes actuar dentro del marco legal frente al proceso judicial pendiente contra el expresidente, sin que su condición política previa incida en las decisiones de los tribunales.
El regreso de Hernández se concretó luego de que un juez hondureño resolviera suspender de manera provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra, atendiendo una solicitud de su defensa legal para presentarse de forma voluntaria ante la justicia.
El exgobernante mantiene pendiente un proceso por fraude y lavado de activos, vinculado al presunto manejo irregular de fondos públicos durante su campaña presidencial de 2013, para el cual está prevista una audiencia de declaración de imputados el próximo 3 de agosto.
