TEGUCIGALPA, Honduras
El exgobernante Juan Orlando Hernández podrá enfrentar en libertad el proceso judicial que le sigue el Ministerio Público por el caso Pandora II, luego de que el juez a cargo de la audiencia de declaración de imputado resolviera imponerle medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Entre las medidas dictadas figura la prohibición de salir del país mientras continúe el proceso penal en su contra, además de disposiciones bajo las cuales su defensa legal quedará al cuidado del cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.
La resolución se produjo luego de una jornada marcada por la incertidumbre procesal. La audiencia, prevista inicialmente para las 9:00 de la mañana, quedó en suspenso después de que el juez natural designado originalmente para el caso se declarara incompetente para continuarlo, al considerar que el expediente ya no involucra a ningún alto funcionario del Estado en funciones.
Ante esa decisión, la defensa de Hernández presentó un recurso de reposición, por lo que el caso terminó siendo remitido al Circuito Jurisdiccional en materia de Delincuencia Organizada, Medioambiente y Corrupción, instancia que finalmente asumió el conocimiento de la audiencia y resolvió la situación jurídica del expresidente.
La estrategia legal del equipo de Hernández, encabezado por la abogada Angie Colíndres, se centró en sostener que no existía peligro de fuga ni riesgo de obstrucción a la investigación, dado que el propio expresidente solicitó regresar a Honduras de manera voluntaria tras recuperar su libertad en EE.UU., lo que a criterio de la defensa demuestra arraigo suficiente para someterse al proceso judicial en el país.
Durante su llegada a la sede judicial, Hernández había calificado el proceso como una «embestida de persecución política» y señaló que se encontraba en una situación de «indefensión», al no haberse resuelto todavía el recurso de reposición contra la decisión del juez natural.
El caso Pandora II es una ampliación de una investigación fiscal previa sobre el presunto desvío de fondos públicos utilizados para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013.
Según el requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en octubre de 2023, entre 2010 y 2013 operó una red de exfuncionarios que autorizó el desembolso de más de 288 millones de lempiras desde la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, de los cuales al menos 62 millones de lempiras habrían llegado a los movimientos Azules Unidos y Amigos de JOH mediante empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios.
Por estos hechos, Hernández enfrenta los delitos de fraude y lavado de activos.
En el mismo expediente figuraba también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien recientemente obtuvo un sobreseimiento definitivo ratificado por la Corte de Apelaciones, por lo que su situación judicial quedó resuelta antes de la comparecencia de Hernández.
Con la imposición de medidas sustitutivas, el proceso contra el expresidente avanza ahora hacia una nueva etapa, en la que se espera la programación de la audiencia inicial, donde se profundizará en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa.
