TEGUCIGALPA, Honduras
El expresidente Porfirio Loboevitó pronunciarse de manera directa sobre el proceso judicial que enfrenta Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II, luego de que este último obtuviera medidas sustitutivas a la prisión preventiva en la audiencia de declaración de imputado realizada el lunes.
Consultado al respecto, Lobo se limitó a señalar que el contexto político puede influir en la forma en que se desarrollan ciertos procesos judiciales, sin profundizar en valoraciones sobre la resolución dictada a favor de su antiguo correligionario del Partido Nacional.
La postura cautelosa de Lobo se produce en medio de un marcado distanciamiento entre ambos exmandatarios, que en los últimos meses se ha manifestado de forma pública en distintas ocasiones.
A finales de junio, tras conocerse el anuncio del regreso de Hernández a Honduras, Lobo declaró que «nunca van a ser amigos» y afirmó que Hernández le hizo «mucho daño» a su familia, reiterando su distancia personal y política respecto al también expresidente.
La tensión entre ambos exmandatarios se remonta a varios episodios. En marzo de 2026, Lobo acudió al Ministerio Público para conocer los avances de la investigación sobre el asesinato de su hijo, Said Lobo Bonilla, ocurrido años atrás, y declaró ante medios de comunicación que una persona detenida en EE.UU. habría señalado que el crimen fue ordenado por Juan Orlando Hernández.
Lobo aclaró en su momento que no podía dar fe de la veracidad de esa información, pero pidió que las autoridades la investigaran.
La entonces primera dama, Ana García de Hernández, calificó esas declaraciones como «irresponsables y sin fundamento».
Ambos exmandatarios compartieron la acusación fiscal presentada en octubre de 2023 dentro del caso Pandora II, en el que se les señaló por el presunto desvío de fondos públicos hacia fundaciones utilizadas para financiar campañas políticas entre 2010 y 2013.
Sin embargo, su situación judicial evolucionó de manera distinta: mientras Lobo obtuvo un sobreseimiento definitivo ratificado por la Corte de Apelaciones el pasado 22 de julio, al no acreditarse indicios de su participación directa en los hechos investigados, Hernández permaneció como el principal procesado en la causa tras su regreso al país.
El expediente investiga el presunto desembolso irregular de más de 288 millones de lempiras desde instituciones del Estado hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista entre 2010 y 2013, de los cuales al menos 62 millones de lempiras habrían beneficiado a los movimientos políticos Azules Unidos y Amigos de JOH durante la campaña presidencial de Hernández.
El abogado defensor de Lobo, Juan Carlos Berganza, sostuvo que la resolución judicial a favor de su representado estableció que este no tuvo conocimiento ni participación en los hechos, y calificó como improcedente atribuir responsabilidad penal únicamente por el cargo ocupado dentro de la estructura estatal.
