TEGUCIGALPA, Honduras
La aprobación de la Ley de Justicia Energética, respaldada el 31 de agosto por el Congreso Nacional con 78 votos, dejó en evidencia una fractura interna dentro del Partido Liberal que se mantuvo latente durante semanas y que finalmente se tradujo en una votación dividida: 29 diputados liberales acompañaron la iniciativa, mientras que otro sector de la bancada se mantuvo al margen o expresó su rechazo.
El proceso estuvo marcado desde el inicio por tensiones internas. El jefe de bancada, Jorge Cálix, lideró la construcción de una contrapropuesta liberal que, según explicó, incorporó 16 modificaciones al dictamen original enviado por el Poder Ejecutivo, entre ellas un mecanismo de subasta pública para la compra de energía y un candado legislativo que exige el respaldo de 96 diputados para cualquier intento futuro de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Cálix defendió el proceso como un ejercicio de diálogo interno, negó en más de una ocasión que existiera una fractura formal en la bancada y sostuvo que las diferencias respondían a un debate democrático propio del partido.
Diputados como Alejandra Vallecillo también respaldaron la postura de la jefatura de bancada, señalando que el objetivo era evitar que la reforma se tradujera en incrementos a las tarifas para los consumidores.
Sin embargo, un grupo importante de los diputados liberales mantuvo reservas hasta las horas previas a la votación final.
Semanas atrás, el diputado Carlos Umaña había advertido que alrededor de 35 de los 41 legisladores liberales tenían objeciones sobre el proyecto y que no existían los votos necesarios para su aprobación, aunque aclaró que esas reservas no obedecían a instrucciones de figuras como Salvador Nasralla.
En paralelo, un grupo cercano a una decena de diputados identificados con la línea de Nasralla ratificó en distintos momentos su intención de votar en contra, argumentando que intereses políticos y empresariales habían prevalecido por encima de los criterios técnicos, en particular por la presión de sectores de generación térmica que, según denunciaron, buscaban frenar cambios hacia fuentes de energía más económicas.
Entre las voces más críticas dentro de la propia bancada se encontró el diputado Yuri Sabas, quien en distintas etapas de la discusión marcó distancia de la conducción de Cálix.
Sabas afirmó públicamente que no seguiría instrucciones unilaterales del jefe de bancada, señalando: «Yo soy liberal, por tanto, soy horizontal, no vertical».
Aunque coincidió en que era necesaria una reforma al sistema eléctrico, condicionó su respaldo a la inclusión de mayores garantías regulatorias, cuestionó que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) pudiera liberar el sistema sin control y propuso alternativas como un esquema de construcción, operación y transferencia (BOT) para que la infraestructura financiada por privados retorne finalmente al Estado.
También pidió al Congreso dejar de lado lo que calificó como «politiquería» en torno al tema.
Otros diputados liberales, como Sarahí Espinal, expresaron reparos adicionales, al considerar que ciertas figuras legales contempladas en el proyecto, como la creación de sociedades mercantiles unipersonales, podían abrir la puerta a una eventual privatización de la ENEE en el futuro, pese a que el texto final estableció que la empresa mantendría su carácter público.
La votación final reflejó esta división: mientras 29 diputados liberales, encabezados por la posición de Jorge Cálix, se sumaron al Partido Nacional para aprobar la reforma, otro sector de la bancada —entre ellos el grupo identificado con la línea crítica de Yuri Sabas y de los diputados afines a Nasralla— no acompañó la iniciativa en el momento decisivo.
El resultado consolidó al Partido Liberal como una fuerza clave para la aprobación de la ley, pero también dejó expuestas las diferencias internas que atravesaron al partido durante todo el proceso de negociación.
