TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó, en tercer y último debate, la reforma integral al subsector eléctrico, conocida como Ley de Justicia Energética.
La votación se realizó durante una extensa sesión nocturna que se prolongó por varias horas, y el decreto fue respaldado con 78 votos a favor de los 128 diputados que integran el Parlamento.
La iniciativa busca reestructurar el modelo energético del país y frenar el deterioro financiero y operativo que arrastra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) desde hace años.
El texto aprobado, de 37 artículos, declara el acceso a la energía como un derecho humano y de seguridad nacional, y establece que la ENEE mantendrá su carácter de empresa pública, sin ser privatizada.
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran el congelamiento de la tarifa eléctrica por un período de seis meses —prorrogable a un año—, el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, incentivos fiscales para la instalación de sistemas solares residenciales, y una amnistía de tres meses para que los usuarios con conexiones ilegales puedan regularizar su situación antes de enfrentar sanciones.
La reforma también contempla una nueva estructura para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y la creación de unidades o subsidiarias dentro de la ENEE para habilitar mecanismos de inversión sin alterar su carácter estatal.
La votación reflejó una alineación política particular. De los 78 votos a favor, 49 correspondieron a la bancada del Partido Nacional, en el gobierno, y 29 a una facción del Partido Liberal, cuya bancada jugó un papel decisivo en el resultado final.
El jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, presentó una contrapropuesta que terminó siendo incorporada de manera íntegra al dictamen final, tras semanas de negociaciones técnicas con el Poder Ejecutivo.
Diputados liberales como Alejandra Vallecillo defendieron su respaldo argumentando que el apoyo respondía a un análisis técnico orientado a evitar que los ajustes legales se tradujeran en incrementos a las tarifas que pagan los consumidores, y subrayaron la importancia de fiscalizar los costos de generación y las compras de potencia de la estatal.
En contraste, los 35 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) votaron en bloque en contra de la reforma.
La bancada de oposición cuestionó tanto el contenido de la ley como el procedimiento seguido durante su discusión.
La diputada Luz Angélica Smith expresó públicamente su rechazo al proyecto, y el partido reiteró su posición de que, pese a que el texto aprobado establece que la ENEE no será privatizada, consideran que la reforma sí abre la puerta a esa posibilidad, motivo central de su oposición.
La aprobación de la ley no estuvo exenta de tensiones políticas dentro del hemiciclo, con discrepancias marcadas entre las distintas fuerzas legislativas a lo largo del debate.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña, señaló tras la votación que ahora corresponde iniciar un proceso de licitación competitivo y de ordenamiento de las pérdidas de la empresa, así como trabajar en la mejora de la calidad del servicio, que ha registrado deficiencias importantes, incluidos racionamientos de hasta ocho horas diarias en distintas regiones del país.
Por su parte, la Unión Europea manifestó previamente su disposición a aportar fondos no reembolsables para apalancar inversiones adicionales, condicionado a la aprobación de las reformas.
