TEGUCIGALPA, Honduras
La aprobación de la Ley de Justicia Energética por parte del Congreso Nacional ha reavivado un intenso debate en Honduras sobre los verdaderos alcances de la reforma y su relación con una eventual privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con posturas encontradas entre analistas, algunos dirigentes empresariales y el miembros de Libertad y Refundación (Libre).
El exgerente de la ENEE y exsecretario de Energía, Erick Tejada, ha sido una de las voces más críticas frente al proceso.
Desde meses antes de la aprobación final, Tejada sostuvo que la reforma representa una «privatización escalonada» de la estatal eléctrica, al considerar que la división de la ENEE en tres sociedades mercantiles —para generación, transmisión y distribución— constituye la antesala de la privatización de los activos acumulados por la empresa desde 1957, los cuales estimó en más de 116 mil millones de lempiras.
Según explicó, uno de los aspectos que más le preocupan es el traslado del despacho de energía a una nueva entidad, el Operador del Sistema y el Mercado (OSM), una función que en la mayoría de países se mantiene bajo control estatal por su relevancia para la seguridad nacional.
Tejada también cuestionó los llamados «candados» incorporados a la ley para garantizar la propiedad estatal, al considerar que, aunque las acciones permanezcan inicialmente en manos del Estado, el nuevo régimen mercantil bajo el cual operarán las subsidiarias mantiene abierto el riesgo de una privatización futura.
Por su parte, la presidenta de la Coalición Patriótica de Solidaridad y expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, adoptó una postura más centrada en la exigencia de mayor claridad y análisis técnico que en un rechazo frontal a la iniciativa.
Handal solicitó en distintas etapas del proceso legislativo que el Congreso explicara con mayor precisión los alcances de la reforma antes de su aprobación, y pidió que cualquier cambio garantizara de manera expresa la preservación del patrimonio público y la rectoría del Estado sobre el sistema eléctrico, evitando que alguna disposición pudiera interpretarse como una autorización para procesos de privatización distintos a los que contemplan la Constitución y las leyes del país.
La dirigente insistió en que las reformas deben servir a los intereses de los hondureños y no a agendas políticas particulares, y remarcó que el rescate de la ENEE no será posible sin resolver las causas estructurales que generaron su crisis financiera.
El partido Libre, por su parte, mantuvo un rechazo frontal y unificado a la reforma a lo largo de todo el proceso legislativo.
La subcoordinadora general, Rixi Moncada, leyó en junio un pronunciamiento titulado Salvemos la ENEE, reforma y contrarreforma, en el que advirtió que la iniciativa representa «un tiro de gracia» para la estatal y conllevaría la privatización del Centro Nacional de Despacho, además de trasladar mayor peso a la iniciativa privada dentro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
En una línea similar se pronunció el jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, quien calificó la propuesta como «una privatización disfrazada» y advirtió que cualquier esquema que entregara el flujo de caja o los activos estratégicos de la estatal al sector privado encontraría la oposición del partido.
Ya en la sesión final del 31 de agosto, la totalidad de los 35 diputados de Libre votó en contra del dictamen, en medio de manifestaciones de protesta dentro del hemiciclo, entre ellas la consigna La ENEE no se vende, la ENEE se defiende y un incidente en el que un diputado de la bancada retiró un micrófono de su curul en señal de reclamo.
Frente a estos señalamientos, tanto el Gobierno como representantes del sector empresarial han insistido en que la reforma no contempla la privatización de la ENEE. El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, calificó de infundadas las afirmaciones sobre una privatización, al sostener que la ley establece que el 100 por ciento de las nuevas empresas que se creen seguirá siendo propiedad del Estado.
En la misma línea, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró tras la aprobación que la ENEE «sigue siendo del pueblo hondureño» y que sus bienes, incluidas las represas y líneas de transmisión, no podrán ser embargados ni transferidos a manos privadas.
