TEGUCIGALPA, Honduras
El gobierno de EE.UU. reaccionó de manera positiva a la aprobación de la Ley de Justicia Energética por parte del Congreso Nacional de Honduras, ocurrida la noche del lunes 31 de agosto con 78 votos a favor.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, expresó a través de sus redes sociales que un sistema energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más atractiva para la inversión estadounidense, al considerar que la consolidación de un sistema eléctrico más estable puede fortalecer las condiciones para el desarrollo económico del país y generar un entorno más favorable para las empresas interesadas en establecer operaciones en territorio hondureño.
Este pronunciamiento se suma a una serie de mensajes de respaldo que representantes del gobierno estadounidense habían emitido en meses previos, mientras la reforma avanzaba en su discusión legislativa.
En junio, cuando el proyecto superó su segundo debate en el Congreso, la oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado había señalado que las reformas ayudarían a abrir nuevas oportunidades para la inversión energética estadounidense en Honduras, contribuyendo al crecimiento económico y al fortalecimiento de la seguridad energética del país.
En las semanas previas a la aprobación final, distintos funcionarios y representantes diplomáticos de EE.UU. mantuvieron acercamientos con autoridades hondureñas para dar seguimiento al proceso.
Entre ellos, el subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), Thomas Hardy, sostuvo reuniones con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, en las que se abordaron proyectos de generación eléctrica, incluidos aquellos basados en gas natural, así como otras iniciativas orientadas a atraer capital hacia el país. Hardy señaló en ese momento que el avance hacia la liberalización y la reforma del marco legal energético constituía un punto de partida para atraer nueva inversión, que permitiría ampliar la capacidad de generación y transmisión eléctrica en Honduras.
De igual forma, la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa había reiterado semanas atrás su disposición a continuar colaborando con el país para fortalecer el sector energético, en encuentros sostenidos con autoridades hondureñas para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de sistemas energéticos y explorar posibles acciones conjuntas.
La representación diplomática destacó que un suministro eléctrico confiable constituye un factor relevante para las empresas que evalúan realizar nuevas inversiones en el país.
La reforma aprobada busca reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reducir sus pérdidas financieras —que según cifras oficiales superan el 38 por ciento del sistema— y modernizar las reglas para la compra de energía, aunque el texto establece expresamente que la estatal mantendrá su carácter público y no será privatizada. Actores de la sociedad civil, sin embargo, han planteado dudas sobre los alcances reales de la reforma, en un debate que continúa abierto pese a la aprobación legislativa.
