TEGUCIGALPA, Honduras
La audiencia preliminar contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Roosevelt Hernández, prevista para el lunes 14 de septiembre, quedó sin efecto luego de que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa admitiera el recurso de apelación presentado por su defensa contra el auto de formal procesamiento dictado la semana pasada.
El recurso fue interpuesto el 4 de septiembre por el abogado Darwin García, tres días después de que concluyera la audiencia inicial.
La jueza que conoce el caso resolvió que la impugnación se presentó en tiempo y forma y la admitió en ambos efectos, lo que implica que el proceso queda en pausa mientras la Corte de Apelaciones resuelve.
Como parte del trámite, el Ministerio Público dispone de tres días hábiles para responder a los agravios planteados por la defensa.
Posteriormente, el tribunal de alzada deberá analizar los argumentos de ambas partes y decidir si confirma o revoca la resolución del juzgado. Hasta que eso ocurra, no hay una nueva fecha para la audiencia preliminar.
La defensa del general en condición de retiro sostiene que durante la audiencia inicial no se admitieron dos peritajes y varios medios de prueba documental que consideraba necesarios, y cuestiona la incorporación de una de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Con la apelación busca que se revoque el auto de formal procesamiento y se dicte un sobreseimiento definitivo.
De forma paralela, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por la misma defensa, que alegaba vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso.
Ese expediente fue remitido en consulta a la Sala Constitucional del Poder Judicial, que deberá pronunciarse sobre su procedencia.
Hernández enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
La acusación se relaciona con publicaciones difundidas en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, entre ellas una titulada Sicarios de la verdad, divulgada en mayo de 2025.
El 1 de septiembre, tras una audiencia inicial de cerca de doce horas, el juzgado dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
En esa misma resolución se había fijado la audiencia preliminar para el 14 de septiembre, con la advertencia de que la fecha podría modificarse si se admitía un recurso de apelación.
No es la primera vez que el calendario del caso se altera. En agosto, la audiencia de declaración de imputado prevista para el día 7 fue reprogramada para el 19 a solicitud de la defensa, que alegó tener otra diligencia judicial en la misma fecha, lo que fue cuestionado en su momento por los acusadores privados y por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron tácticas dilatorias.
Hasta el cierre de esta nota, ni la defensa ni los representantes de los periodistas se habían pronunciado sobre la suspensión de la audiencia.
