TEGUCIGALPA, Honduras
El programa de investigación estadounidense 60 Minutes, de la cadena CBS, dedicó el segmento central de su estreno de temporada, transmitido la noche del domingo, a lo que denominó «la economía del indulto»: una red de abogados, cabilderos e intermediarios que cobran sumas de seis y siete cifras a personas condenadas para gestionar un perdón presidencial de Donald Trump, sin garantía alguna de obtenerlo.
El reportaje, a cargo de la periodista Lesley Stahl, incluyó una grabación con cámara oculta en la que dos operadores políticos cercanos al trumpismo ofrecían a un empresario condenado, que colaboró con el programa, sus supuestos contactos en la Casa Blanca y en el entorno del presidente a cambio de 300 mil dólares.
El programa constató que las personas que los intermediarios mencionaban como sus enlaces negaron cualquier participación.
Otro testimonio recogido fue el de un músico que aseguró haber pagado 600 mil dólares a los mismos intermediarios sin conseguir el indulto ni la devolución parcial del dinero pactada por contrato.
Más allá de los intermediarios, la investigación presentó un hallazgo propio: cerca del 70 por ciento de los indultos y conmutaciones otorgados por Trump en su segundo mandato no pasaron por el procedimiento regular de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia, cifra que sube al 92 por ciento si se incluyen los perdones a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Mientras tanto, unas 16 mil solicitudes permanecen pendientes en la vía ordinaria.
El programa repasó además una serie de indultos de alto perfil concedidos después de que los beneficiarios o sus allegados hicieran donaciones millonarias a la campaña de Trump, participaran en eventos de recaudación o mantuvieran negocios con empresas de la familia presidencial.
Entre los casos citados figuran el de un empresario del rubro automotriz que donó cerca de dos millones de dólares, el del fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, vinculado a la empresa de activos digitales de los hijos del presidente, y el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Hernández fue condenado en 2024 en Nueva York a 45 años de prisión por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas, tras un juicio en el que se estableció que recibió sobornos de narcotraficantes a cambio de protección.
Trump lo indultó a finales de noviembre de 2025, a pocos días de las elecciones generales hondureñas, con el argumento de que había sido víctima de una persecución injusta.
La decisión generó rechazo incluso en sectores republicanos y llamó la atención por producirse mientras el Gobierno estadounidense ejecutaba ataques militares contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Investigaciones periodísticas y un informe de la minoría demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes han señalado que en el indulto de Hernández intervino el operador político Roger Stone, también beneficiario de un perdón presidencial, quien entregó personalmente una carta del exmandatario a Trump horas antes de que se anunciara la decisión.
Esos reportes vinculan la gestión con el interés de inversionistas estadounidenses en preservar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en particular Próspera, impulsadas durante el gobierno de Hernández y que la administración anterior en Honduras buscaba eliminar.
Hernández ha negado haber pagado por su indulto y sostiene que su condena fue producto de una conspiración política.
Regresó a Honduras en julio y enfrenta en tribunales nacionales un proceso por fraude y lavado de activos, en el marco del caso Pandora, por el presunto desvío de fondos públicos hacia su campaña de 2013.
La Casa Blanca respondió al programa con un comunicado en el que afirmó que quien gaste dinero en cabildeo para obtener un indulto está desperdiciando su dinero, y aseguró que el presidente ejerce sus facultades constitucionales de manera éticamente correcta.
El exabogado de indultos Ed Martin, entrevistado en el segmento, rechazó la caracterización de un sistema de pago por acceso y calificó a los intermediarios como vendedores de humo sin influencia real en las decisiones presidenciales.
El indulto es una facultad constitucional del presidente de EE.UU. que extingue la pena, pero no anula los hechos probados en juicio ni tiene efectos sobre los procesos abiertos en otras jurisdicciones.
