TEGUCIGALPA, Honduras
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como padre Melo, denunció este lunes que el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido hace exactamente dos años en Tocoa, Colón, sigue marcado por la impunidad y por el silencio de las autoridades, y sostuvo que el crimen respondió a un plan estructurado en tres niveles que la justicia todavía no ha desmontado por completo.
En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el religioso describió lo que llamó «tres anillos» del plan criminal: los gatilleros que ejecutaron el ataque, quienes los contrataron y pagaron, y quienes idearon el plan y la ruta del crimen. Moreno planteó que las investigaciones deben establecer con claridad quiénes integran cada uno de esos círculos y dejó abierta la pregunta de si el propietario de la empresa minera que opera en la zona podría formar parte del tercer anillo.
El padre Melo ha acompañado el caso desde el primer día. Ofició la misa de cuerpo presente de López en septiembre de 2024, donde calificó el hecho como un crimen político, y desde entonces ha exigido de forma reiterada al Ministerio Público que amplíe los requerimientos fiscales hacia quienes planificaron y financiaron el asesinato, y no se limite a los autores materiales. Llegó a pedir el acompañamiento de una comisión internacional, por la desconfianza que, a su juicio, generan las instituciones de investigación y justicia del país.
Su reclamo coincidió con el de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, quien afirmó que en Honduras no hay justicia y que el país está perdiendo su institucionalidad, y cuestionó el papel de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público frente al caso.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, por su parte, señaló que el verdadero homenaje a López es esclarecer completamente el crimen y corregir las fallas que lo permitieron, y reconoció que las medidas de protección que amparaban al defensor no fueron implementadas adecuadamente.
Juan Antonio López fue asesinado a tiros la noche del 14 de septiembre de 2024, cuando salía de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.
Tenía 46 años y era regidor municipal por el partido Libre, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y líder religioso de su comunidad.
Durante más de una década encabezó la oposición a la explotación minera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», vinculada al conglomerado empresarial Inversiones Los Pinares y Ecotek, y a la que las comunidades de Guapinol atribuyen la contaminación de sus fuentes de agua.
Ese conflicto derivó en la criminalización y encarcelamiento de varios defensores de Guapinol entre 2019 y 2022. López también denunciaba de forma constante presuntas irregularidades en la gestión de permisos ambientales y actos de corrupción en la Alcaldía de Tocoa, entonces encabezada por Adán Fúnez.
Por las amenazas que recibía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares, que en la práctica no evitaron su muerte. En las semanas previas al asesinato, el clima en Tocoa se había vuelto especialmente tenso tras la difusión de un video que mostraba al alcalde Fúnez en una reunión con narcotraficantes, y López había pedido públicamente su renuncia.
El proceso judicial
Días después del crimen, el Ministerio Público capturó a tres hombres señalados como autores materiales, acusados de haber vigilado a López en su casa y en la iglesia y de ejecutar el ataque desde una motocicleta. El 12 de mayo de 2026 fueron detenidos el exalcalde Adán Fúnez y otras dos personas, señalados como presuntos autores intelectuales. Ninguno de los seis procesados ha sido sentenciado.
Organizaciones de derechos humanos, la familia de López y el propio padre Melo consideran que las capturas no alcanzan a toda la estructura responsable, y advierten que el caso refleja un patrón: Honduras figura entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y del territorio, con decenas de asesinatos en la última década y una tasa de impunidad que las organizaciones sitúan por encima del 90 por ciento.
Este lunes, la memoria de Juan López volvió a las calles de Tocoa con una caminata y actos conmemorativos, mientras la exigencia de sus allegados sigue siendo la misma que hace dos años: que se identifique y juzgue a todos los responsables, materiales e intelectuales.
Un dato para verificar: la edad de López (46 años) la calculé a partir de su año de nacimiento, 1978. Si prefieres la versión sin subtítulos, me avisas.
