TEGUCIGALPA, Honduras
La Ley de Justicia Energética, aprobada por el Congreso Nacional la noche del 31 de agosto con 78 votos, todavía no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, requisito indispensable para que entre en vigencia. Más de dos semanas después de la votación, el decreto continúa en trámites internos del Legislativo y ni siquiera ha llegado a Casa Presidencial para su sanción.
De acuerdo con lo explicado por diputados de la bancada nacionalista, el texto se encuentra en la etapa final de revisión por parte de la comisión de estilo del Congreso, encargada de verificar la redacción y la coherencia del documento antes de que la Secretaría del Legislativo lo remita al Poder Ejecutivo.
Una vez concluido ese paso, el presidente Nasry Asfura dispone de un plazo constitucional de diez días para sancionarlo o devolverlo con observaciones, y solo después de la sanción se ordena su publicación.
El retraso no responde, hasta donde se ha informado públicamente, a un desacuerdo político entre el Congreso y el Ejecutivo, sino al tiempo que ha tomado la depuración de un decreto de 37 artículos que fue reescrito en buena medida durante las negociaciones de las últimas semanas antes de su aprobación.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica divulgó la versión leída y aprobada en el pleno, pero advirtió que ese documento no corresponde a la versión oficial y, por lo tanto, no produce efectos jurídicos.
Todos los plazos de la reforma comienzan a correr a partir de su publicación. Entre ellos, el congelamiento de la tarifa eléctrica por seis meses, prorrogables por otros seis; los 120 días para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica presente un informe sobre su deuda histórica y un plan para atenderla; la constitución de las empresas subsidiarias que separarán generación, transmisión y distribución; la elaboración de reglamentos y la puesta en marcha del nuevo operador del sistema y del mercado.
Mientras la ley no esté vigente, la ENEE no puede iniciar los procesos de contratación de energía bajo las nuevas reglas, que eliminan las compras directas y exigen licitaciones públicas. Ese punto se ha vuelto urgente por la sequía que ha reducido la generación hidroeléctrica, en un país donde la capacidad térmica instalada ronda los 1,500 megavatios, cerca del 40 por ciento de la matriz.
Desde el Congreso se ha mencionado la necesidad de contratar hasta 600 megavatios adicionales para atender el crecimiento de la demanda, y la Asociación Hondureña de Energía Renovable ha advertido que, si la primera parte de la reforma sigue sin publicarse, el país ya va tarde con la segunda.
La Ley de Justicia Energética es la apuesta central del Gobierno para atender la crisis financiera de la ENEE, que pierde alrededor de 50 millones de lempiras diarios y arrastra pérdidas técnicas y no técnicas que superan un tercio de la energía que compra.
El proyecto original fue enviado por el Ejecutivo y sometido a casi tres meses de discusión. La bancada del Partido Liberal presentó una contrapropuesta que terminó incorporada de forma íntegra al dictamen final, con el respaldo de consultores nacionales y extranjeros.
El texto aprobado establece que la ENEE conservará su carácter público y será la única accionista de las nuevas subsidiarias, cuyas acciones no podrán transferirse a privados; para modificar esa naturaleza se requerirá el voto de al menos 96 diputados.
También mantiene el subsidio para consumos de hasta 150 kilovatios hora, ordena programas de medición inteligente para reducir pérdidas y deroga artículos del decreto 46-2022, aprobado durante el gobierno anterior, que declaraba la energía como bien público de seguridad nacional.
La votación reunió los 49 votos de la bancada nacionalista y 29 de la liberal. El Partido Libertad y Refundación votó en contra, al considerar que la reforma abre la puerta a una privatización encubierta y desmonta las garantías del decreto de 2022. Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más
Justa valoraron la aprobación como un punto de partida, pero advirtieron que el éxito de la ley dependerá de su ejecución. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, expresó su respaldo y señaló que la modernización del sector puede abrir espacio a inversión de capital estadounidense.
La expectativa en el Legislativo es que el decreto sea remitido a Casa Presidencial en los próximos días. Hasta el cierre de esta nota, ni el Congreso ni el Ejecutivo habían fijado una fecha para la publicación.
