TEGUCIGALPA, Honduras
La multa de más de 146 millones de lempiras impuesta por la Unidad de Política Limpia a Salvador Nasralla abrió un nuevo capítulo en la disputa interna del Partido Liberal, con reacciones que van desde la ironía de la dirigencia hasta las denuncias de persecución política de los diputados afines al excandidato presidencial.
La sanción, anunciada el jueves por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, corresponde al doble de los 73.2 millones de lempiras en 21 aportaciones privadas que superaban el límite de 120 salarios mínimos y no fueron notificadas oportunamente durante la campaña de 2025.
La resolución es de carácter administrativo, puede ser apelada ante el Tribunal de Justicia Electoral y no constituye una condena penal.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, respondió con ironía al ser consultado sobre el caso.
Señaló que Nasralla ha construido buena parte de su discurso alrededor de la idea de tener las «manos limpias» y que ahora le corresponde demostrarlo respondiendo institucionalmente a las observaciones de la unidad fiscalizadora.
Contreras rechazó que exista una persecución dirigida contra el excandidato y recordó que la fiscalización alcanzó a partidos, diputados, alcaldes y aspirantes presidenciales de todas las fuerzas políticas, incluido él mismo, que dijo haber presentado su liquidación en tiempo y forma.
Sostuvo además que el partido cumplió con la documentación de los recursos que administró directamente, y que los fondos de la candidatura presidencial fueron manejados por el equipo de campaña de Nasralla, no por la estructura partidaria.
La secretaria de comunicaciones del partido, Marcia Facussé, había pedido un día antes que la atención se centrara en el informe de la unidad y que cualquier irregularidad fuera investigada a fondo con respeto al debido proceso.
En ese mismo pronunciamiento, en respuesta a supuestos chats que la vinculaban con acciones contra el excandidato, afirmó que la incorporación de Nasralla al partido, que ella misma promovió hace más de dos años, terminó generando parte de las diferencias internas que hoy atraviesa la organización.
Desde el bando afín al excandidato la lectura fue la opuesta. El diputado por Cortés Carlos Umaña calificó la multa como una maniobra para inhabilitar a Nasralla, motivada, a su juicio, por el temor de que gane la presidencia en las próximas elecciones y combata la corrupción.
Atribuyó las acciones a actores organizados desde varias instituciones políticas y convocó a la solidaridad con el excandidato, a quien aseguró que demostrará el manejo transparente de los fondos.
Otros dirigentes y diputados cercanos a Nasralla coincidieron en que la sanción responde a un retraso administrativo en la notificación de aportaciones y no a un origen ilícito de los recursos, y advirtieron que el proceso debilita a la figura opositora con mayor respaldo en las encuestas.
El propio Nasralla ha sostenido que existe una «mano política» con intereses comunes entre el Partido Nacional y sectores de su propio partido para sacarlo de la competencia de 2029, tanto de la candidatura presidencial como de la presidencia del Consejo Central Ejecutivo, que aspira a disputar en las próximas elecciones internas. Ha anunciado que se defenderá jurídicamente y que no abandonará la política.
Las reacciones se inscriben en la pugna que Contreras y Nasralla han sostenido a lo largo de 2026 por la conducción del partido.
Los enfrentamientos se intensificaron en agosto por cuestionamientos cruzados sobre liderazgo y financiamiento, y escalaron cuando el excandidato anunció su intención de disputar la presidencia del partido, lo que la actual dirigencia interpreta como una amenaza al control de la bancada y de la estructura.
El caso, además, tiene un antecedente que involucra a ambos: en marzo, la unidad fiscalizadora solicitó al propio Contreras información sobre cuentas bancarias en Honduras y en el extranjero y sobre una sociedad constituida en Florida a nombre del partido, en el marco de una denuncia sobre el manejo de fondos de la campaña liberal.
En junio, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación por presunta administración fraudulenta de recursos de campaña, que continúa en curso.
El excandidato dispone de tres días hábiles desde la notificación para apelar ante el Tribunal de Justicia Electoral. Hasta que ese recurso se resuelva, la sanción puede ser confirmada, modificada o revocada.
