TEGUCIGALPA, Honduras
La portavoz del Ministerio Público, Julissa Gómez, informó que el ente acusador ya recibió la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con el nombramiento del fiscal civil de Próspera y ya se ha dado el trámite legal.
«Ya la denuncia fue recibida en el módulo de recepción del Ministerio Público; luego se le da trámite para especificar qué delito se debe investigar (…), se le asigna a un fiscal, este es el procedimiento, esta (sobre la denuncia) que ha enviado al Ministerio Público la PGR ya se ha recibido y próximamente se estará enviando a la fiscalía correspondiente» afirmó.
Por el momento, añadió, solo existe una denuncia de la PGR y que en esta misma semana se enviará a una fiscalía que está relacionada con la corrupción para que se determine si existen elementos que ameriten acciones legales.
Cabe recordar que la PGR interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto Hernández Franks, por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras, según informó este lunes la institución.
La procuraduría indicó mediante un comunicado que Colindres Castillo continuó presentándose como autoridad de una supuesta “jurisdicción especial” y que el pasado 15 de septiembre juramentó a Hernández Franks como Fiscal Civil de ZEDE Próspera, con atribuciones jurisdiccionales, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público, facultades reservadas por la Constitución a los Poderes del Estado.
La base de esta denuncia se sustenta en la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2024 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (expediente SCO-0738-2021), publicada en el diario oficial La Gaceta el 25 de noviembre de 2024.
Dicho fallo declaró la inconstitucionalidad con efecto ex tunc es decir, desde su origen, de la reforma constitucional y la ley que sirvieron de sustento a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que dio vida al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
Bajo esta premisa jurídica, la PGR subraya que ningún nombramiento emitido por el mencionado comité, ni ninguna actuación derivada de este (incluyendo las figuras de “secretario técnico de ZEDE Próspera” o “Fiscal Civil», posee ningún tipo de validez legal.
