TEGUCIGALPA, Honduras
El criminólogo Gonzalo Sánchez consideró trascendental la voluntad política mostrada por Nasry Asfura desde el Ejecutivo y Tomás Zambrano del Legislativo para enfrentar la criminalidad en Honduras, al tiempo que planteó la necesidad de supervisar las operaciones de seguridad y evaluar los resultados de las recientes reformas legales.
Sánchez sostuvo que el compromiso debe extenderse a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al señalar que las acciones en materia de seguridad requieren coordinación entre las instituciones responsables de ejecutar las disposiciones aprobadas.
El criminólogo propuso además que el Congreso Nacional conforme una comisión interna para verificar que las operaciones se desarrollen conforme a la ley y determinar si los recursos destinados a estas acciones están produciendo resultados concretos.
Sobre las nuevas medidas aplicadas en los centros penitenciarios, Sánchez manifestó que inicialmente podrían tener un efecto disuasivo sobre las estructuras criminales, debido a las restricciones contempladas para privados de libertad de alta peligrosidad.
Sin embargo, señaló que los recientes enfrentamientos registrados incluso después de la entrada en vigor de las reformas evidencian que la criminalidad continúa representando un desafío complejo.
En ese contexto, sostuvo que las autoridades deberán fortalecer las acciones operativas contra las estructuras delictivas, pero siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, para evitar posibles consecuencias.
Sánchez también destacó la importancia de reforzar la presencia policial en las calles, al considerar que una vigilancia efectiva constituye un mecanismo de prevención y puede contribuir a reducir la incidencia delictiva.
Asimismo, cuestionó la escasa presencia de agentes de tránsito en Tegucigalpa y señaló que parte de las funciones de regulación vial han quedado en manos de personal municipal que, según explicó, no cuenta con las mismas facultades legales que los policías de tránsito para imponer sanciones y hacer cumplir las normas.
Finalmente, el criminólogo enfatizó que la estrategia de seguridad debe sustentarse en dos pilares: voluntad política de las máximas autoridades y compromiso operativo de jueces, fiscales, investigadores, policías y miembros de las FFAA para ejecutar las acciones conforme a la legislación vigente.
