TEGUCIGALPA, Honduras
El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se presentó en las oficinas de la ONU, donde solicitó apoyo ante lo que calificó como una persecución política en su contra.
La gestión de Nasralla ante el organismo internacional se produjo luego de que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, le impusiera una multa de 146 millones 457 mil 720 lempiras por irregularidades detectadas en la fiscalización de los fondos de su campaña presidencial de 2025.
Nasralla ha señalado que no pagará la sanción y ha cuestionado el procedimiento utilizado por la autoridad fiscalizadora.
La UFTF impuso la sanción mediante la resolución 3041-2026, del 16 de septiembre anterior, al determinar que 21 aportaciones privadas recibidas durante la campaña, por un total de 73 millones 228 mil 860 lempiras, no fueron notificadas dentro del plazo establecido por la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Con base en el artículo 56, numeral 3, de esa normativa, la multa equivale al doble del monto no notificado oportunamente.
El caso de Nasralla forma parte de un informe de fiscalización más extenso que la UFTF presentó sobre el financiamiento de las elecciones generales de 2025, el cual contempla sanciones para más de 500 candidatos señalados por irregularidades en sus informes financieros, entre ellos diputados electos y alcaldes.
El político ha sostenido que su informe financiero fue presentado en tiempo y forma, y ha planteado que podría existir una motivación política detrás de la sanción.
El Movimiento Liberal Nasrallista, por su parte, denunció que el procedimiento no le permitió ejercer plenamente su derecho de defensa y cuestionó la proporcionalidad del monto impuesto.
Su equipo legal ha señalado que trabaja en los recursos y acciones que corresponden, tanto en el ámbito nacional como internacional, para impugnar la resolución.
La UFTF ha defendido el fundamento jurídico de la sanción, indicando que se basó directamente en la ley y no en el reglamento cuestionado por la defensa de Nasralla, y que el monto responde a un cálculo establecido normativamente y no a un criterio discrecional.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, respaldó la labor fiscalizadora de la institución y pidió no calificar automáticamente sus observaciones como persecución política.
Dentro del Partido Liberal, el presidente del Consejo Central Ejecutivo, Roberto Contreras, expresó que la colectividad acompañará a Nasralla si este requiere información o respaldo en sus gestiones, pese a las diferencias registradas durante la campaña.
La resolución puede ser apelada ante el Tribunal de Justicia Electoral dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Por el momento, no se ha confirmado una respuesta oficial de la ONU a la solicitud planteada por Nasralla.
