TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente Nasry Asfura sancionó la noche del martes la Ley de Justicia Energética, normativa orientada a transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), casi un mes después de que el Congreso Nacional la aprobara.
La firma se realizó en Casa Presidencial, en compañía del presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Luis Corrales; el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, y el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández, entre otros funcionarios.
Tras la sanción, el decreto pasa a la Empresa Nacional de Artes Gráficas para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Asfura señaló que la ley «no va a resolver todos los problemas» de la ENEE, pero la calificó como «el primer paso hacia adelante». La sanción se dio horas antes de que venciera el plazo del 30 de septiembre, fecha en que la CREE debía publicar las nuevas tarifas del último trimestre del año.
El decreto reorganiza a la ENEE en tres empresas responsables de generación, transmisión y distribución, manteniendo la propiedad estatal al 100 %, sin posibilidad de emitir acciones a favor de privados.
Incluye además el congelamiento de la tarifa eléctrica por seis meses, la condonación de deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora previa verificación técnica, la prohibición de contrataciones directas, la obligación de recurrir a subastas inversas para la compra de potencia y un plazo de tres meses para legalizar conexiones irregulares, tras el cual el fraude eléctrico será penalizado por el Ministerio Público.
El Congreso Nacional aprobó el dictamen el 31 de agosto, con 78 votos: 49 del Partido Nacional, 25 o 29 del Partido Liberal (según distintos recuentos) y el respaldo puntual de dos diputados de Libre, pese a que esa bancada mantuvo una postura oficial en contra.
La jefatura de bancada liberal, a través de Jorge Cálix, remarcó que la ENEE y sus futuras subsidiarias seguirán siendo en su totalidad propiedad del Estado, con un mecanismo que exige 96 votos para cualquier eventual traspaso a manos privadas.
Entre la aprobación legislativa y la sanción presidencial transcurrieron 29 días, un período en el que crecieron los cuestionamientos de distintos sectores por la falta de publicación en La Gaceta.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que el Legislativo remitió el decreto para sanción pocos días después de su aprobación y expresó que el proceso de revisión del Ejecutivo debía concluir pronto.
Por su parte, el secretario de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez, explicó que el retraso obedecía a una revisión jurídica y técnica integral del documento, dada su extensión, sin que existiera un plazo definido para concluirla.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, sostuvo que el equipo técnico trabajaba en cómo operativizar la ley, sin modificar su contenido.
Analistas como Jorge Yescas cuestionaron públicamente la tardanza, calificándola de «politiquería» y señalando que otros proyectos de ley se aprueban con mayor celeridad.
Durante el debate legislativo, la bancada de Libre fundamentó su voto en contra señalando supuestas inconsistencias procesales en el trámite y advirtiendo que algunos artículos podrían abrir la puerta a una eventual privatización de la ENEE.
La diputada Angélica Smith defendió la electricidad como «un derecho del pueblo hondureño y no un negocio», mientras otros legisladores de esa bancada, como Iroshka Elvir, reiteraron en redes sociales su rechazo a lo que calificaron como una reforma que podría facilitar la privatización de la estatal.
La jefatura de bancada del Partido Liberal rechazó categóricamente esos señalamientos. Dentro del propio Partido Liberal también hubo disidencias: la diputada Saraí Espinal votó en contra, y el legislador Luis Coello cuestionó que la ley no sea «la panacea» para resolver la crisis de la ENEE, al considerar que el problema requiere soluciones técnicas y no políticas.
