TEGUCIGALPA, Honduras
La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) rechazó este martes el requerimiento fiscal contra Luis Redondo y los exintegrantes de la extinta Comisión Permanente.
El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, rechazó la acusación y la calificó de persecución política. Aseguró que el Gobierno utiliza las instituciones de justicia para presionar a quienes están en la oposición y confirmó el respaldo de su bancada a los señalados.
En sus palabras, el caso es una ejecución política contra sus compañeros. Libre ya había sostenido esa postura en mayo, cuando el Ministerio Público citó por primera vez a los investigados. En aquel momento se sostuvo que defender el voto no es delito, que la comisión actuó en medio de una fuerte conflictividad institucional y que la Constitución le daba facultades para tomar decisiones extraordinarias.
Seis de los señalados, Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga, anunciaron que se presentarán de forma voluntaria ante la justicia.
A través de su defensor privado, pidieron al juez natural que los tenga por personados en el caso y que fije fecha y hora para la audiencia de declaración de imputado.
En mayo, la bancada había dicho que sus integrantes comparecerían con serenidad y dignidad para ejercer su defensa.
La CSJ confirmó la recepción del documento y designó a la magistrada Anny Belinda Ochoa como jueza natural. Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, el caso involucra a 14 personas y 21 delitos.
A Redondo se le atribuyen perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. A la diputada Smith, falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Al resto de los diputados de la comisión, usurpación de funciones, y al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Edis Moncada, tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
La abogada y exdiputada Fátima Mena sostuvo que la acción judicial responde a denuncias presentadas por distintos actores por presuntas irregularidades.
El diputado liberal Marlon Lara dijo que el requerimiento no le sorprendió, pues desde el período anterior había advertido sobre posibles irregularidades en la conformación y las actuaciones de la comisión.
