TEGUCIGALPA, Honduras
La Cámara Legislativa avanzó este martes con la lectura en primer debate de reformas a la legislación especializada que buscan lograr una efectiva prevención, detección, supervisión, investigación y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.
La propuesta, que quedó lista para segundo debate, está orientada a armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y adoptados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Las reformas propuestas en el Congreso Nacional incorporan por primera vez un marco regulatorio estricto para los proveedores de activos virtuales, definiendo responsabilidades claras para los sujetos obligados y actualizando los controles sobre transferencias, transporte de efectivo y debida diligencia basada en riesgos.
La iniciativa presenta 29 reformas, una derogación y siete adiciones a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos; 11 modificaciones a la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), y reforma 11 artículos de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
El proyecto establece el control de las transferencias electrónicas y también regula los activos virtuales o criptomonedas mediante la incorporación de un marco específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), obligándolos a transmitir y verificar la información de los usuarios de manera segura en toda la cadena de operaciones.
La normativa propuesta señala que toda transferencia electrónica, ya sea nacional o internacional, debe cumplir con controles de identificación con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad de dichas operaciones.
Las reformas establecen prohibiciones de Bancos Pantalla (Shell Banks), prohibiendo terminantemente mantener relaciones financieras con instituciones que carezcan de presencia real, regulación o supervisión.
En el tema de transporte transfronterizo de dinero, los cambios propuestos en el proyecto de decreto establecen que toda persona que ingrese o salga de Honduras con efectivo o instrumentos al portador por un valor igual o mayor a 15.000 dólares (actualmente es de 10.000 dólares) deberá declararlo obligatoriamente ante la Administración Aduanera.
Además, se amplían y detallan las obligaciones de debida diligencia para casinos, inmobiliarias, comerciantes de metales preciosos, así como para abogados, notarios y contadores cuando realicen ciertas operaciones corporativas o financieras para sus clientes.
Entre los nuevos artículos está el 6-A, que prohíbe a bancos, cooperativas y financieras cerrar, limitar o negar servicios solo porque un cliente fue requerido por el Ministerio Público, tenga un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o sea Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Con esta reforma por adición, toda decisión deberá estar documentada con análisis de riesgo individual.
El nuevo marco regulatorio establece la obligación estricta para los sujetos obligados de respaldar y guardar la totalidad de la documentación recopilada durante los procesos de debida diligencia durante cinco años.
Esta medida abarca desde expedientes de clientes y correspondencia comercial hasta los análisis financieros internos de cada transacción, garantizando la trazabilidad ante eventuales investigaciones por lavado de activos.
